La Constitución de Montecristi, cuya vigencia se estableció para trescientos años, como todo texto constitucional, consagra no solo hechos de obligatorio cumplimiento sino también aspiraciones. En teoría, es el contrato social de un determinado Estado con su pueblo; en la práctica, la experiencia no lo evidencia.

Así, dice la arriba citada Carta Magna que “el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado”.

Por ello añade que: “Los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio constarán cada año en el Presupuesto general del Estado y serán transferidos de forma oportuna”.

También que: “Los fondos y reservas del seguro social obligatorio serán propios y distintos que los del fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio”. Agrega el artículo citado que la gestión de dichos fondos “se sujetará a los principios de seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y al control del órgano competente”.

¿Está ocurriendo así? El Ecuador, desde el presidente de la República hasta el último de sus ciudadanos, tiene dudas de que ello esté sucediendo, pese a los pronunciamientos en contrario de sus actuales administradores. ¿Hay motivos para la duda? Definitivamente sí. Expertos conocedores del tema contribuyen a generarla y aportan para sustentar su punto de vista con amplia documentación. El asunto no puede quedar por lo tanto, sujeto a los tradicionales dimes y diretes. La importancia del fiel cumplimiento de sus prestaciones es mayúscula. Sin metáforas, tiene que ver con la calidad de la vida de los afiliados en múltiples aspectos de ella.

Por eso ahora hay la alarma ciudadana. Y no se resuelve la inquietud planteando que cíclicamente se habla del riesgo de quiebra del seguro social y luego ello no ocurre. Se resuelve contratando una auditoría internacional. El país ha dejado de creer en sus funcionarios por lo mucho que se ha mentido y dada la corrupción evidente en que han caído demasiados de ellos. Es necesario entonces escuchar otras voces no vinculadas a la coyuntura cotidiana para tener certeza de la real situación.