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Un ‘hueco’ de $ 72,5 millones en la compra durante la pandemia

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha gastado más de tres millones sin controles. En el Ministerio de Salud también hay alertas

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El Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS en Guayaquil es uno de los investigados por grandes compras irregulares de insumos médicos.ARCHIVO / EXPRESO

Otro punto de fuga. La compra pública enfrentó, durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, una serie de irregularidades y sobreprecios que son investigados por la Contraloría y la Fiscalía General del Estado. Las entidades de control decidieron verificar el 100 % de las adjudicaciones hechas bajo la declaratoria de emergencia, pero dejaron de lado las compras de ínfima cuantía. Por ahí, sin controles y rendición de cuentas, se transaron más de 72,5 millones de dólares en 90 días.

¿Qué es la ínfima cuantía? La Ley de Contratación Pública que impulsó el régimen del expresidente Rafael Correa permite una serie de anomalías y facilita la compra direccionada y con precios que afectan al Estado. En esa línea, la ínfima cuantía faculta a las entidades públicas para que contraten de manera directa y sin supervisión de ningún tipo bienes y servicios hasta por 7.099,68 dólares. En la emergencia sanitaria ese modelo se disparó de manera sospechosa.

Convenio. El Sercop estableció convenios con la Contraloría, la Fiscalía y la Superintendencia de Control de Poder del Mercado.
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Entre marzo y mayo de este año, en pleno aislamiento y distanciamiento social, las instituciones estatales gastaron 72,5 millones de dólares bajo la figura de ínfima cuantía. Según el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), se realizaron cerca de 100.000 compras bajo ese paraguas.

Algunas, las frecuentes y acostumbradas en años anteriores, son por montos pequeños y sirven para la compra de gasolina o para la limpieza y mantenimiento de vehículos. En plena pandemia, sin embargo, se detectaron adquisiciones fuera de lo común.

Sin informar o buscar un mejor precio, las casas de salud públicas compraron implementos de limpieza y equipos médicos. Incluso se hicieron adecuaciones en hospitales con varios contratos al mismo proveedor. Todos por menos de 7.000 dólares para no tener que reportar la transacción.

El Ministerio de Salud es un ejemplo de lo que se hizo mal. El ministro Juan Carlos Zevallos confirmó que 30 hospitales adscritos a la entidad hicieron compras inusuales en la emergencia. No dio nombres, pero aseguró que pasó toda la documentación a la Contraloría General del Estado.

Él admitió que se hizo un uso indebido y exagerado de la ínfima cuantía.

Lo mismo pudo pasar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y sus casas de salud. Por la emergencia derivada del coronavirus se gastaron cerca de cuatro millones de dólares por ínfima cuantía. Una cifra que no es habitual en el modelo de gasto que tiene el Seguro.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tuvo la primera alerta. En marzo hizo una compra por más de diez millones de dólares para mascarillas y otros insumos médicos. Ahí se detectaron sobreprecios y el proceso se dio de baja. Al poco tiempo Paúl Granda dejó la entidad.

Lo más grave es que no existe una solución para evitar más fugas por esa vía. Silvana Vallejo, exdirectora del Sercop y actual asesora del presidente Lenín Moreno, aseguró que la ínfima cuantía es un foco de contrataciones irregulares y que la ley debe reformarse para evitar más actos de corrupción.

A su salida del Sercop, dijo a EXPRESO que estaba a punto de presentar una herramienta que permita vigilar en tiempo real esas adjudicaciones. Ella señaló que la nueva administración de la entidad deberá inaugurar la plataforma digital para un control público.

Anomalías en hospital de Quito

La Contraloría General del Estado detectó irregularidades en las compras hechas por el hospital de niños Baca Ortiz para atender la emergencia sanitaria. Un informe aprobado el 16 de julio evidencia novedades en las adjudicaciones realizadas entre marzo, abril y mayo.

La casa de salud, adscrita al Ministerio de Salud Pública, usó fondos estatales para adquirir insumos a proveedores que no estaban calificados para atender necesidades médicas. Ellos incumplieron en las entregas de batas multiuso, pero nadie reclamó por las anomalías.