Una herencia de cuentas por pagar

Es un lío gordo. Los precandidatos a la Presidencia de la República creen que el monto de deuda que tiene el Estado complica, aún más, el escenario económico del país. Los consultados coinciden en que la Revolución Ciudadana no midió sus gastos y dejará una factura difícil de pagar.

El primer paso después del 24 de mayo de 2017, consideran, es hacer una auditoría a todas las cuentas. Washington Pesántez, precandidato por el movimiento Unión Ecuatoriana, cree que hay poca transparencia en las deudas y por eso es difícil establecer el monto real que se debe. En caso de llegar a Carondelet, dijo a EXPRESO, examinará cada cuenta detenidamente.

Lo que sí adelantó es que, a su criterio, el límite del 40 % del Producto Interno Bruto (PIB), que se permite para deuda pública, fue rebasado con creces.

Según el Ministerio de Finanzas, hasta agosto, el país tenía haberes por 36.810 millones de dólares. De ese monto, 13.186 millones son compromisos internos y 23.624 millones de dólares son deuda externa (ver cuadro).

Al dato debe agregarse 1.000 millones de dólares por la emisión de bonos de deuda externa anunciada el martes. Es decir, la deuda bordearía los 37.800 millones, 39,2 % del PIB.

La gestión de Rafael Correa, a ocho meses de terminar su mandato, impediría que el nuevo gobierno obtenga créditos para, al menos, su primer año de trabajo.

Esa actitud “es una irresponsabilidad”, según la precandidata de Pachakutik, Lourdes Tibán. Ella sostiene que, como asambleísta, pidió más detalles sobre las cuentas públicas, pero no tuvo una respuesta.

Ante la ambigüedad, los precandidatos optan por un plan B. Si llegan al sillón presidencial renegociarán los compromisos con los acreedores.

Paco Moncayo, postulante a la Presidencia por la Izquierda Democrática, considera que “necesitamos renegociar una deuda abusiva que es de altos intereses y cortos plazos”.

Con él coincide la precandidata del Partido Social Cristiano (PSC), Cynthia Viteri. Ella dijo a este Diario que ha realizado un análisis detenido de las cuentas nacionales y detecta un ocultamiento de cifras. Los informes del Gobierno, sostiene, son confusos, no consideran como deuda a varias cuentas que sí lo son.

Viteri destaca que cualquier renegociación de deuda se hará con el acuerdo previo de los acreedores. La actual asambleísta dice que sería perjudicial que se declare como “ilegítimas” a las deudas y no se paguen. Esa postura generaría una percepción negativa del Ecuador.

El oficialismo, sin embargo, defiende su gestión resaltando que, para ellos, los niveles de deuda son manejables y el dinero ha sido bien invertido.