¿Qué es peor? ¿Confirmar que 12 días de caos y violencia probaron que la crisis económica y social encierra, igualmente, una disfuncionalidad institucional o comprobar que, a pesar de esos eventos desastrosos, el país se muestra incapaz de reaccionar?

No se nota, en efecto, en el Estado, en la sociedad y en los actores políticos un sobresalto equivalente al tsunami que acaba de vivir. Es verdad que se ha hecho, como ejercicio notarial, la suma de daños: el país nada quiere saber y no se hace cargo de su realidad económica. La división entre la Costa y la Sierra es mayor. La brecha entre los indígenas y el resto de la sociedad se agranda. La fisura entre FF. AA. y Policía se amplió. La sociedad no cuenta con las FF. AA. para hacer cumplir la ley. La idea de un Estado unitario y plurinacional es una contradicción insostenible... A pesar de eso, el país sigue comportándose igual y barajando las mismas ideas como si este tsunami no lo forzara a cambiar.

Cualquier gobierno, bajo estas circunstancias, hubiera intentado mínimos consensos institucionales. Una operación política, pública y de extrema urgencia. Nada se ha visto. El presidente al fin se ha sentado en la cabecera de la mesa para liderar algunos diálogos, pero su gobierno luce solo, en un desamparo total, en medio de presiones insostenibles.

Los indígenas dijeron haberse movilizado contra la eliminación de los subsidios a los combustibles. Pero ahora conformaron un parlamento popular para construir un plan económico que piensan entregar al delegado de la ONU, para que el Gobierno lo aplique. Como si ellos fueran un gobierno paralelo capaz de imponer, por la fuerza, su plan económico.

La Asamblea Nacional, invisible durante el conflicto, creyó llenar el vacío creando una comisión para investigar lo ocurrido.

Los militares toman a la sociedad por testigo para decir que no pueden operar porque no tienen marco jurídico, carecen de armas y logística para actuar en momentos de convulsión interna y temen que si aplican la ley serán perseguidos por la Justicia.

La Fiscalía asegura que llevará a los vándalos y golpistas ante los tribunales mientras la Conaie exige que, para continuar los diálogos, debe liberar a aquellos que crearon caos y terrorismo...

En medio de este desbarajuste aparece Jaime Nebot poniendo a este gobierno débil y huérfano de todo ante las cuerdas, como lo hizo cuando se opuso a que se eliminen los subsidios: ahora exige que no haya más impuestos.

¿Qué es peor? ¿Recordar esos 12 días de caos y violencia, donde hubo claros intentos de golpe de Estado, o ver el espectáculo de un país fragmentado, díscolo, antojadizo, inmaduro y totalmente irracional?

Es claro que los indígenas no son institucionales. Ya lo han demostrado participando en algunos golpes de Estado. Pero no tienen ese monopolio. Incluso los correístas, tan leales a las instituciones que crearon en su beneficio, se vuelven golpistas apenas la realidad política les es desfavorable. Otros partidos han hecho lo mismo. Constatarlo no significa que dos errores hacen un acierto.

¿Es inaudito que los dirigentes indígenas pretendan imponer sus tesis a un gobierno sin pasar por las urnas? Lo es, pero no hay un sobresalto nacional para que esos dirigentes lo sepan. No lo hay para hacer entender que los dólares no aparecen por actos de magia. O para tomar conciencia de que el país necesita una pedagogía destinada a mermar la irracionalidad. Tampoco hay reacción nacional para aislar a los golpistas y a los populistas que quieren seguir haciendo política acariciando la inmadurez y la irracionalidad del país.