No hay multa que valga

La Constitución fue redactada con el trillado mensaje de los sesenta: “make love, not war”. En ese contexto, crea la “interculturalidad”, que según el DRAE es lo que “concierne a la relación entre culturas”. Y aquí es donde comienza el relajo: en el art. 378, la Constitución crea un “sistema” nacional de cultura, integrado por quienes voluntariamente se vinculen al sistema. Resalto la palabra “voluntaria”, porque la prensa no es voluntariamente parte del sistema nacional de cultura. Y como tampoco recibe fondos públicos, no se encuentra constitucionalmente sometida al control del Estado. Pero según la Ley Orgánica de Comunicación (art. 36.2) : “...los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que... reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades... por un espacio de 5% de su programación diaria...”. ¡Hey, quespues! ¿Acaso la prensa forma parte del sistema nacional de cultura? ¿Por qué tiene que difundir contenidos “interculturales” en contra de lo que dispone el art. 378 de la Constitución? La prensa informa, opina y entretiene, señores. No está obligada a trasmitir “contenidos interculturales” según la Constitución. ¿Saben por qué? Porque primero que “intercultural” la prensa es libre, según el artículo 16 CRE. El ciudadano tiene derecho a comunicarse en forma intercultural. Pero la prensa no está obligada a hacerlo. Por último, la ley mordaza no ha nacido a la vida jurídica porque no cumple con el requisito constitucional de tener Exposición de Motivos, según manda el artículo 136, el cual dice: “Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará”. Y el art. 424 claramente dispone: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”. No hay multa que valga si nace de una Ley inconstitucional como la Ley Mordaza. ¿Estamos? No lo digo yo: carece de eficacia jurídica según la Constitución.

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