Las pruebas contra el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, siguen acumulándose sobre la mesa de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El juicio político pedido por Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar, de CREO, continuó ayer con el testimonio de tres de sus víctimas: Martha Roldós y los radiodifusores Aurelio Dávila y Luis Baldeón. Hubo humor, alguna palabra subida de tono (aunque pronunciada con intenciones estrictamente documentales) y pudorosos reclamos de dos asambleístas. Por poco deriva la cosa en un debate sobre urbanidad y buenas maneras. El opositor Raúl Tello lo impidió, con un sorpresivo llamado de atención a la propia presidenta, María José Carrión.

A la sesión de ayer también asistieron el contralor del Estado, Pablo Celi, y el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García. Celi se ratificó en el contenido de su informe sobre las irregularidades encontradas en el canal incautado Gama TV, de las cuales Ochoa se benefició económicamente. Y repitió lo que el superintendente se niega a entender: que “los recursos de Gama TV pasaron a ser recursos públicos en 2008”, cuando el canal fue incautado.

“Se predeterminaron responsabilidades administrativas y civiles por 122.185 dólares”, especificó Celi. Según su informe, Carlos Ochoa recibió 94 mil dólares en bonos ilegales y un vehículo avaluado en 30 mil dólares. En lo concerniente a las cuentas de Gama, las irregularidades incluyen pagos duplicados, arriendos de casas para directivos, comisiones para agencias de publicidad por 4,9 millones, contratos ilegítimos de arrendamiento de derechos para la transmisión de partidos de fútbol por más de 6 millones, contratos de servicios profesionales no justificados...

Ramiro García, del colegio de abogados, habló de delitos aun más graves: falsificación de instrumento público. Responsabilizó directamente a Ochoa de este delito que el Código Penal castiga con prisión de 5 a 7 años. “El señor Ochoa -dijo-, por sí y ante sí, decidió que un texto de la Ley de Comunicación era inadecuado y había que cambiarlo. Pero en lugar de acudir a la Asamblea o a la Corte Constitucional, usó ‘liquid paper’. En resumen: falsificó un artículo de la ley y luego lo aplicó para sancionar a once estaciones de radio.

El testimonio de Martha Roldós trajo recuerdos de tiempos peores, cuando el hackeo de correos privados se practicaba desde el Estado y se usaba para campañas de desprestigio orquestadas por el presidente Rafael Correa. Ella fue el centro de una de esas campañas. Relató cómo los medios gubernamentales, al unísono y durante semanas, la acusaron de agente de la CIA y la convirtieron en víctima de un auténtico asesinato simbólico. Cómo planteó una demanda por linchamiento mediático contra esos medios. Cómo Rafael Correa, en una sabatina, le negó el derecho de hacerlo (en este punto proyectó el video respectivo) y cómo, al lunes siguiente, su demanda había sido archivada.

Aurelio Dávila y Luis Baldeón, periodistas deportivos procesados doce veces por la Supercom por presuntos atentados contra la moral pública (con multas que superan los 40 mil dólares), relataron su caso con gracia. “Un día -recordó Baldeón- dije: quiero saludar a mi moza. 3 mil dólares de multa”. Otro día recordó haber robado 5 sucres a su padre, cuando niño: 3 mil dólares de multa. En otra ocasión repitió la palabrota de un futbolista; “le dijo hijo de puta”, especificó: 3 mil dólares de multa nuevamente...

Este exceso de detalles hirió la sensibilidad de Silvia Salgado y María José Carrión, incómodas por el cariz que empezaban a tomar los testimonios. “Creo que hay que tener mesura en el uso de las palabras aquí en la Asamblea”, reprendió Carrión como si del mismo Carlos Ochoa se tratara. Raúl Tello le recordó que no les corresponde cuestionar los testimonios y Lourdes Cuesta, desde la primera fila, se quejó: “¿Se puede robar, pero no se puede decir malas palabras?

Con la foto, proyectada en la pantalla gigante, de cuando Dávila y Baldeón concurrieron desnudos a protestar en la Supercom (sus voluminosas panzas en provocativa tridimensionalidad expuestas ante los ojos atónitos de los asambleístas) concluyó esta tercera jornada del juicio político contra Carlos Ochoa.

Perseguidos

Prohibido ser payasos

“Nosotros no somos periodistas políticos, no somos investigadores, no hacemos denuncias de casos de corrupción. Somos payasitos”. Así arrancó su intervención el periodista deportivo más políticamente incorrecto de la radio quiteña: Luis Baldeón. Por payasitos, él y su compañero Aurelio Dávila fueron procesados 12 veces por la Supercom de Carlos Ochoa.