De ‘absurda’ e ‘inconstitucional’. Así califican los prefectos la propuesta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) para que los aspirantes a ese cargo sean elegidos únicamente por los sectores rurales del país.

-¿Qué es lo que más les preocupa de la propuesta?

-La primera preocupación es que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) haya aprobado tramitar esta propuesta de reforma al Código de la Democracia. Si esto pasa, se estarían violando los derechos de todos los ecuatorianos a los que no se les puede dividir entre urbanos y rurales, ni pretender que todavía hay ciudadanos de primera y de segunda.

-La propuesta surge justamente porque ellos sienten que son tratados como ciudadanos de segunda, ¿no es justo el reclamo?

-Claro que es justo si eso fuese verdad, pero no lo es. Para demostrarlo pedimos a la Contraloría una auditoría que determine cuál ha sido el destino de los recursos. Podemos tener inversiones, como en el caso de Pichincha, en un laboratorio de control de calidad de alimentos o para el control de la calidad de la leche con los ganaderos, pero esas inversiones no superan el 15 % del presupuesto, el resto se queda en el sector rural.

-Pero el abandono de ciertas zonas rurales es evidente. ¿Qué pasa con los servicios básicos?

-Las necesidades básicas insatisfechas como agua potable, alcantarillado, salubridad, entendidas como las pobrezas de las parroquias rurales, no son competencias de los gobiernos provinciales, sino de los municipales.

-¿Entonces el reclamo es político o los prefectos no han sabido comunicar bien lo que hacen y sus competencias?

-Tal vez son las dos cosas y falten mejorar los canales de información. En lo político, no sé si este pedido responda a un claro concepto de la administración, pero este no es el primer intento de acabar con los gobiernos provinciales. En realidad se trata del tercer intento. De estos temas políticos nada provechoso va a salir para las provincias.

-¿Cómo se vería afectado el presupuesto de las prefecturas si pasa esta iniciativa?

-Lo primero es que las Juntas Parroquiales ya no cumplirían papel alguno. El presupuesto se mide por la densidad y el volumen poblacional, por necesidades básicas insatisfechas y el tamaño del territorio. Si eso es el 30 % en la ruralidad el presupuesto bajaría a ese porcentaje y eso, incluso, implicaría despidos de trabajadores. Es un proyecto ilógico e inconstitucional.

-¿Ha hablado con el presidente Lenín Moreno de esto? ¿Cuál es la postura del mandatario?

-Le entregaremos (hoy) al presidente un análisis constitucional de carácter social, político y de afectaciones. Ahí sería bueno que los medios de comunicación le puedan preguntar cuál es su posición sobre el tema.