Una de las sancionadas responde. Gulnara Borja presentó a la presidenta del Consejo de Educación Superior (CES), Carmita Álvarez, un pedido de apelación a la resolución del Consejo de la Universidad de Guayaquil que la sanciona con destitución, junto a otros 12 funcionarios, por participar en la expedición fraudulenta de documentos para la obtención de la maestría de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña.

En el documento, Borja pone en duda la competencia y jurisdicción del Consejo Universitario para sancionarla, asegurando que al momento del cometimiento de los supuestos hechos fraudulentos era vicerrectora de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado, por lo que en esa calidad, invocando el artículo 5 del Reglamento de Sustanciación y Resolución de Infracciones, debía ser juzgada por al Consejo de Educación Superior y no por el Consejo Universitario.

Otro de los argumentos de Borja es que en el vigésimo considerando de la resolución del Consejo Universitario se habría transcrito mal el artículo 204 del Estatuto de la Universidad de Guayaquil lo que, a su criterio, puede constituir en un delito de falsificación y uso de documentos falsos.

Por ambos motivos, Borja solicita a la titular del CES que acepte su recurso de apelación y declare nula la resolución del Consejo Universitario, “puesto que hacer uso de este documentos público conllevaría a cometer un hecho fraudulento tipificado en el Código Integral Penal vulnerando una vez más los derechos de esta suscrita”.

La acusada exhorta al Consejo de Educación Superior a denunciar ante la Fiscalía este hecho y también el supuesto otorgamiento doloso del título de maestría de la exvicepresidenta. “No tengo ninguna prebenda política ni en la Universidad de Guayaquil, ni en el país, no he otorgado, dado, ni he ayudado a otorgarle título de magíster a ninguna persona de manera fraudulenta, tengo mi conciencia tranquila, no tengo miedo y lo puedo probar ante cualquier instancia”.

Gulnara Borja protagonizó por el mes de octubre del año pasado una pugna por el rectorado de la Universidad. Ella, en su calidad de vicerrectora, intentó asumir la titularidad al ser destituido el entonces rector Galo Salcedo acusado de emitir 28 títulos de forma fraudulenta en la Facultad de Jurisprudencia. Mientras que el Consejo Universitario reclamaba la facultad de nombrar a esa autoridad. La pugna terminó con el nombramiento de la Comisión Interventora.