La mayoría de los cantones del Guayas no han podido asumir adecuadamente las competencias de tránsito. Aún persisten en ellos las revisiones visuales, cuando la lógica y la técnica aconsejan hacerlas de otra manera. El caso de la empresa de transporte de Daule es un problema común entre los gobiernos locales provinciales. A ellos les corresponde adecuar instalaciones o concesionar el servicio de revisión técnica a quienes lo realicen de mejor manera.

En el caso concreto de Daule, el bus no estaba autorizado para llevar pasajeros. Los fanáticos de un equipo de fútbol ignoraban que ni el transporte ni el conductor tenían autorización para hacer el viaje. Desconocían que el vehículo no había sido revisado técnicamente. Luego del accidente salió a la luz que solo se lo había hecho “de ojo”. Esto significa que quienes lo revisaron ignoraban las disposiciones establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador.

El resultado: 12 muertos y 32 heridos y contusos, que yacían en el asfalto de la carretera. Los pasajeros que sobrevivieron el accidente regresando de Cuenca han sido claros en señalar que el vehículo, tanto de ida como de vuelta, tuvo fallas mecánicas. Esto significa que el carro no tenía las condiciones requeridas para realizar ese desplazamiento. Peor para transportar pasajeros desde Guayaquil hacia la sierra.

Este hecho, lamentable por cierto, que enluta a muchas familias de Guayaquil, pone al descubierto el serio problema que afrontan las diversas instancias locales del Guayas. Solo Guayaquil y Durán tienen las instalaciones adecuadas para certificar la revisión vehicular técnica.

Tal situación hace necesario plantear que todos aquellos cantones de la provincia que no tienen las instalaciones requeridas y que tampoco cuentan con los medios técnicos exigidos, realicen convenios con las dos entidades que sí los tienen, para que sea en esos cantones donde se realicen las inspecciones.

Los gobiernos cantonales del Guayas no deben ignorar este trágico hecho de sangre. Y con urgencia, realizar acuerdos con las autoridades de Guayaquil y Durán para que los ayuden a realizar una revisión vehicular responsable. La ciudadanía exige que esto se haga sin demora. Su postergación se constituirá en evidencia de negligencia por parte de las autoridades seccionales.