Más de doscientos expedientes que eran investigados por tres fiscalías de la Unidad de Antilavado de Activos (UAA) regional Guayas, de casos derivados en las provincias del Litoral; además de Loja y Azuay, fueron centralizados en Quito.

Desde el pasado 20 de junio, dichos documentos son tramitados por la nueva Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (UNTLCC) que fue creada en mayo de este año, como parte de la Fiscalía General, en un intento por combatir desde la capital los actos de corrupción en contra del Estado.

La nueva unidad habría puesto punto final a la UAA de Guayaquil, creada en 2012 por el exfiscal Galo Chiriboga, como parte de las acciones que tomó Ecuador para salir de la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Dos de los tres fiscales que integraban la UAA en Guayas fueron derivados a otras unidades y una tercera está a la espera del cambio.

El traslado de los expedientes a Quito, donde está la sede de la UNTLCC, ha provocado la reacción de los abogados que defienden ese tipo de causas.

A criterio del conocido jurista y catedrático Jorge Zavala Egas, la Fiscalía General lo que busca es centralizar investigaciones y al mismo tiempo centralizar procesos.

“La Fiscalía, a pretexto de que no tiene competencias predeterminadas... no puede desconocer que uno de los fundamentos del derecho de defensa es que los procesados tengan inmediación con el proceso y con las fuentes de investigación, por lo tanto no pueden ser excluidos de su fuero natural, de su fuero competente, de su territorio a pretexto de una mejor investigación. Ese es uno de los errores que ha cometido la Fiscalía”, señala.

El abogado César García, experto en Derecho Penal Económico, cuyo estudio tramita ocho casos de lavado como Odebrecht, Petroecuador, March y dentro de los cuales la Fiscalía investiga alrededor de 3.000 millones de dólares de activos supuestamente de origen ilícito, coincide con su colega.

Según el letrado, si bien los fiscales actúan por delegación, pueden manejar cualquier caso desde Quito. “Eso está bien para efectos positivos, en la ley no hay nada que se los prohíba, pero es una vulneración terrible del derecho a la defensa”, explica.

Entre esas vulneraciones señala, como ejemplo, la movilización de testigos para las versiones voluntarias o contratación de abogados de confianza.

“Eso hace que prácticamente usted se quede en indefensión...”, puntualiza García al comentar que un día le señalaron tres diligencias de lavado en determinada fecha, a la misma hora y en tres ciudades distintas.

Una fiscal contra la corrupción

La coordinación de la UNTLCC está a cargo de la fiscal Diana Salazar, quien además de sus funciones, lidera las investigaciones de los actos de corrupción y aquellos atentatorios a la transparencia y la acción pública, así como los que, por su naturaleza o especiales características, conmueven gravemente la paz social, según se señala en el Suplemento 1008 del Registro Oficial del 19 de mayo de 2017. EXPRESO solicitó a la Fiscalía una entrevista sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no recibía respuesta.