Derrota monumental del combo correísmo-socialcristianismo-disidencia de Pachakutik en la Asamblea Nacional: la propuesta de conformar una comisión para juzgar (y, seguramente, destituir) a los miembros del CAL que no se ajustan a sus expectativas, con Guadalupe Llori por delante, no se debatirá siquiera: no hubo votos (faltó uno) para aprobar el pedido de cambio del orden del día correspondiente, presentado en esta ocasión por el abogado de Rafael Correa, Fausto Jarrín. Sí se aprobó, en cambio (porque era de gran consenso), la resolución por medio de la cual el Pleno dispone al CAL que califique los proyectos de ley derogatoria de la reforma tributaria. A juzgar por el apoyo que recibió esta moción (104 votos a favor), los nuevos impuestos tienen los días contados.

Que tenían 72 votos y sumando, había fanfarroneado la disidente de Pachakutik Mireya Pazmiño: los 62 o 63 correístas y socialcristianos; los ocho de su grupo, que según ella se habían convertido en diez, y “algunos independientes” que supuestamente abandonaron las filas de la bancada oficialista. A la hora de la verdad, los ocho rebeldes de Pachakutik no solo que no aumentaron a diez sino que disminuyeron a seis: los abandonaron Ángel Maita, que se abstuvo, y Dina Farinango, cuyo alterno Vicente Ludeña votó en contra (ella se ausentó). Así, la oposición obtuvo apenas 69 votos. El secretario, Álvaro Salazar (muy denostado en estos días por correístas y socialcristianos, que no consiguieron manipularlo), cantó los resultados con voz triunfante y el hemiciclo estalló en aplausos.

Esto ocurrió en la segunda sesión de la jornada, que se instaló pasadas las tres de la tarde. En la mañana, ya los correístas y los socialcristianos andaban de capa caída. Se debatía el asunto de la ley tributaria. El CAL, por propuesta de Johanna Moreira, de la Izquierda Democrática, había decidido consultar a la Corte Constitucional sobre las facultades de la Asamblea de derogar una ley que crea impuestos y ahora el Pleno buscaba revertir esa decisión, parar esa consulta y calificar dos propuestas de ley derogatoria. Nadie, salvo el bloque de gobierno, apoya la ley tributaria. Hábilmente, aprovechando ese consenso, el correísta Pabel Muñoz hizo un intento desesperado de pasar un tema por el otro: propuso, en una misma moción, que el Pleno ordene al CAL calificar los proyectos derogatorios sin necesidad de consulta a la Corte Constitucional y, de paso, crear una comisión para evaluar al CAL: “Esa comisión puede sugerir que alguien sea suspendido por 15 días o puede sugerir cosas de mayor calado”, dijo sin ocultar sus intenciones.

Guadalupe Llori, por supuesto, estaba preparada y no comió cuento. Replicó inmediatamente: “Su moción es impertinente porque no se ajusta y nada tiene que ver con el orden del día”. Así que no la calificó. Y aquí vino la rareza: nadie chistó. Ninguna voz se alzó desde las bancadas de la oposición para protestar por lo que bien pudo ser calificado como una arbitrariedad de la presidenta. De hecho, cuando el socialcristiano Esteban Torres tomó la palabra, defendió tímidamente la propuesta de su hoy coideario Pabel Muñoz. “¿En qué parte de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se dice que una moción no se califica por impertinente?”, reclamó. Pero, a diferencia de la última sesión del Pleno, antes de carnaval, no apeló a la Presidencia. Era obvio: en ese entonces aún tenían la mayoría; ahora, la había perdido. Y lo sabían.

“En realidad se conforma esa comisión para destituir, no para evaluar”, dijo Guadalupe Llori. “Evaluar no es acusar de nada. Qué tal si al final de la evaluación terminamos felicitándola, señora presidenta”, amagó el ex-Pachakutik Bruno Segovia, que hoy está alineado con Yaku Pérez y vota con los correístas. Al cierre de esta edición, todavía faltaba por debatirse el informe sobre las amnistías en beneficio de 272 líderes indígenas (y algunos correístas que participaron en la tentativa de golpe de Estado de noviembre de 2019), sobre el cual la presidenta Llori abrió la posibilidad de votar por separado cada caso.

Esther Cuesta, por un tubo

Se aprobó un acuerdo de extradición con la República Popular China. La correísta Esther Cuesta aprovechó la coyuntura para alabar los beneficios de la cooperación con ese país, inaugurada en tiempos del expresidente prófugo. Fernando Villavicencio, que está por hacer público un  informe sobre las escandalosas operaciones de Petrochina, la bajó por un tubo: “el Ecuador perdió 5 mil millones por la intermediación petrolera china”, le dijo.