Las explicaciones del Ejecutivo para no integrar una Comisión contra la Impunidad con apoyo de Naciones Unidas no terminan de convencer. El ente así constituido en Guatemala en diciembre de 2006, y actuante desde inicios del año siguiente -Cicig-, priorizó cinco grandes temas en su cometido de luchar a fondo contra la corrupción y la inseguridad en ese país. Ellos fueron: el contrabando y la defraudación tributaria, la financiación para los partidos políticos y las campañas electorales, la corrupción judicial, el narcotráfico y el lavado de activos. Luego de una seria y consistente gestión logró investigar y desarticular varias estructuras que operaban bajo el mandato de la impunidad en Guatemala.

Los resultados del trabajo de la Cicig fueron de tal envergadura que el entonces presidente Otto Pérez Molina fue a dar a la cárcel junto a su vicepresidenta Roxana Baldetti, por delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y defraudación. Se descubrió además, entre varios hechos delictuosos, el funcionamiento de una mafia en el Ministerio de Comunicaciones que, bajo la dirección del propio ministro, saqueaba las arcas de esa dependencia. Todo esto llevó a la convicción de que la corrupción en el oficialismo de ese país no se manifestaba a través de casos aislados sino que se trataba de una “estructura criminal mafiosa” en la que incluso está inmerso el presidente Jimmy Morales, investigado por delitos en la campaña que lo llevó al poder en 2015.

La Cicig ha sido efectiva en el caso de Guatemala. Por ello, y encontrando similitudes entre esa realidad y la nuestra luego de los 10 años de corrupción oficial y crimen organizado en las más altas esferas, es imprescindible contar con un organismo de esas características, que investigue sin presión alguna, obtenga resultados y permita castigar a los delincuentes y recuperar lo robado.

La Asamblea debe dar paso a la propuesta del legislador de CREO Fernando Callejas en ese sentido, y el Ejecutivo debe cumplir con lo que ofreció.