El Gobierno se enfrenta a un cerco ciudadano
Los grupos amazónicos rechazan la limpieza en la zona del Aguarico. En sectores estratégicos hay frenos en las obras.
La oposición es permanente. El Gobierno del presidente Lenín Moreno tiene diferencias con colectivos sociales que están en contra de la explotación de crudo o a la minería a gran escala. Las pugnas son habituales en cualquier parte del mundo, pero en Ecuador, la administración estatal cede espacios.
Uno de los casos emblemáticos es la explotación de petróleo en zonas protegidas del parque natural Yasuní. El propósito original era colocar nueve plataformas en el campo Ishpingo, pero esta semana el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, dijo que solo se colocarían dos plataformas en espacios que están alejados de la zona de amortiguamiento. Es decir, la zona intangible de los pueblos Tagaeri-Taromenane del parque Yasuní.
Según el ministro, la decisión provoca que “todos queden felices” y responde, en parte, a que un grupo de mujeres del Yasuní y el colectivo Yasunidos se tomaron pacíficamente su oficina a finales del año pasado. Ese acto derivó en un diálogo que frenó la actividad.
Álex Galárraga, gerente general de Petroamazonas, está a cargo de los trabajos de explotación en el Yasuní. Él dijo que más adelante podría replantearse la idea de las nueve plataformas. Claro que, mencionó a EXPRESO, eso se hará después del 2020 y con mayores mecanismos de protección ambiental.
Ese triunfo motivó a los colectivos sociales a poner otro reclamo ante el Gobierno. Representantes del Frente de Defensa de la Amazonía expresaron, ayer, en rueda de prensa, que se oponen a que la administración de Lenín Moreno use recursos públicos para limpiar la zona contaminada por la petrolera Chevron en el Aguarico, Oriente ecuatoriano. Según explicaron, esa limpieza es responsabilidad de la petrolera transnacional y existe una sentencia que confirma su postura.
Cortes ecuatorianas sentenciaron a Chevron a pagar 9.600 millones de dólares por los daños ambientales en la zona. La pugna legal continúa en instancias internacionales.
El Frente cree que debe ser Chevron el que limpie la contaminación de más de 25 años y no el Estado. Esto porque el ministro explicó que cuenta con luz verde para iniciar la reparación ambiental. Amazonía Viva, proyecto de Petroamazonas con más de 1.200 empleados, estará a cargo del proceso.
El colectivo ambiental asegura que el Gobierno no debe pagar 100 millones de dólares -estimado para la limpieza- y que eso no detendrá las acciones legales contra Chevron.
En minería también hay una puja. El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó una consulta que frenaría la actividad minera en Azuay. El Gobierno esta vez no cedió y decidió impugnar la consulta. La próxima semana habría una resolución.
Las pugnas
Electricidad
Apenas el año pasado, el Gobierno logró un acuerdo con comunidades de Cotopaxi para instalar torres de conexión energética. Las obras permiten que la energía eléctrica que produce la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair llegue a provincias como Guayas. La oposición generó retrasos.
Minería
¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsacocha (Quimsacocha)? Fue la pregunta aprobada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para consulta popular en el cantón Girón, de Azuay.
