Contra todo pronóstico el juicio se instaló ayer en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Es el primer proceso derivado de la red de corrupción de Odebrecht.

El vicepresidente sin funciones, Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y otras siete personas son los procesados. Otros cuatro, entre ellos, el excontralor Carlos Pólit, están prófugos y, para ellos, el trámite legal está suspendido.

El fiscal Carlos Baca Mancheno ofreció probar que todos ellos formaron parte de un grupo estructurado para incurrir en el delito de asociación ilícita.

De nada le sirvió a Eduardo Franco Loor, defensor de Glas, argumentar que había presentado dos recusaciones para que el conjuez, Édgar Flores, y la jueza, Sylvia Sánchez, se separen del caso. A las 08:45, sus escritos no figuraban como ingresados ni en la secretaría ni en el despacho del tercer integrante del tribunal, Richard Villagómez.

Así, pasadas las 09:00, Flores instaló el juicio. Los procesados y sus abogados ocuparon sus lugares en la sala de audiencia, en el octavo piso de la Corte. Estaban justo al frente de los acusadores: la Fiscalía, la Procuraduría y el político, César Montúfar.

Glas fue el último en llegar. Pidió al pueblo estar atento al juicio. Minutos después reiteró su inocencia y dijo estar injustamente detenido. Fue abucheado y le gritaron “corrupto”.

Esta vez nadie de Alianza PAIS le abrigaba con su presencia. Ninguno de sus más fieles defensores dentro del partido se tomó tiempo ayer, ante la anunciada llegada de Correa, apoyarle públicamente ante el juicio.

Baca recordó los argumentos que sustentan su acusación. Anunció que presentará más de 200 pruebas a lo largo del juicio que, se prevé, durará varias semanas.

El fiscal volvió hasta el inicio del caso: recordó las revelaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el esquema de sobornos de Odebrecht. En ese informe, se decía que la brasileña pagó $ 33,5 millones en sobornos para funcionarios públicos, empresarios e intermediarios en Ecuador a cambio de contratos en cinco proyectos: trasvase Daule- Vinces, poliducto Pascuales-Cuenca, hidroeléctrica Manduriacu, remoción de tierras en la Refinería del Pacífico y acueducto La Esperanza.

Habló de un esquema gerencial y organizacional en el que Glas, su tío y Pólit cumplieron un rol específico. “Probaremos que los procesados demostraron la voluntariedad de asociarse y de cometer el delito”, dijo.

El segundo turno fue para la Procuraduría que presentó acusación particular. Magaly Ruiz también aseguró que tienen los elementos para demostrar que Glas, Rivera, Carlos Villamarín, Diego Cabrera, Ramiro Carrillo, José Terán, Gustavo Massuh, Kepler Verduga y Édgar Arias fueron responsables del ilícito.

La acusación particular a cargo de Paulina Jiménez, en representación de Montúfar, aportó con una novedad: responsabilizó del esquema de corrupción al vicepresidente pero también al expresidente, Rafael Correa, que fue quien puso al vicepresidente a cargo de los sectores estratégicos.

Franco se mostró molesto. Según él, los acusadores dijeron muchas cosas pero ninguna orientada a demostrar, por ejemplo, los lugares de las reuniones para cometer asociación ilícita. Insistió en que no hay pruebas contra Glas porque él no ha intervenido en ningún proceso de contratación, ni en la elaboración de pliegos de los proyectos mencionados.

Glas, dijo, es un patriota porque ayudó a que Odebrecht resarciera al país por la fallida construcción de la hidroeléctrica San Francisco.

A su turno, todos los abogados de los procesados defendieron la inocencia de sus clientes y aseguraron que la Fiscalía no ha probado la asociación ilícita. Algunos con matices. Víctor Velástegui, defensor de Carrillo, alegó falta de objetividad en la investigación. Édgar Molina, en nombre de Massuh, reclamó que no se ha tomado en cuenta la cooperación eficaz de su cliente. Aníbal Quinde, abogado defensor de Rivera, insistió en que los actos de su cliente fueron privados y lícitos.

Pasadas las 12:15 concluyeron los alegatos. Por la tarde, empezaron las pruebas y testimonios. Hasta el cierre de esta edición, dos peritos habían declarado. La primera tradujo la primera asistencia penal entregada por Estados Unidos. El segundo, analizó la información que envió la información de Brasil y contó, por ejemplo, que la mayoría de archivos tenía el logotipo de la Contraloría y hablaban de glosas y glosas desvanecidas.