La función pública en Ecuador: el desafío de equilibrar experiencia y juventud

El tema de la presencia de jóvenes en cargos públicos de alto nivel ha vuelto al centro del debate en la sociedad ecuatoriana, impulsado por casos como el del asambleísta de 19 años Dominique Serrano. Su falta de experiencia, sumada a cuestionamientos sobre nepotismo y vínculos familiares, ha desatado una discusión más profunda sobre los requisitos, trayectorias y credenciales que se necesitan para ejercer funciones en el Estado. ¿Es legítimo que alguien tan joven acceda a funciones de alto nivel? ¿Hasta qué punto deben privilegiarse la meritocracia, la experiencia o la representación?

Para el politólogo Bernardo Gortaire, el eje de la representatividad en cargos legislativos no tiene que estar necesariamente ligado a los méritos técnicos o a una carrera en la administración pública. A su criterio, si la ciudadanía decide a través del voto que una persona debe representarla, ese mandato democrático debe respetarse. El problema, advierte él, radica en la debilidad estructural del sistema educativo y de cultura política, que no forma al ciudadano para ejercer una elección informada ni crítica.

En el ámbito de la administración pública, Gortaire reconoce que existe una contradicción grave: los cargos de alto rango, como ministerios, no exigen mayores credenciales técnicas, mientras que puestos intermedios o técnicos sí están sometidos a requisitos. Esto, señala, bloquea el ascenso de profesionales formados y da paso a designaciones basadas en confianza personal o política. El resultado es la desmotivación de quienes hacen carrera dentro del sector público, alimentando incluso la fuga de cerebros.

Una consecuencia adicional es la marginación del conocimiento técnico en la toma de decisiones, según indica. Cuando el cargo político se impone al funcionario capacitado, los procesos se distorsionan o se detienen. “Muchas veces se borra lo que hace el funcionario técnico porque el tomador de decisión, por inexperiencia o ignorancia, decide que no se ejecute lo que debe hacerse”, dice Gortaire.

¿Jóvenes en lo público? Sí, pero con mayor perspectiva

Giuseppe Cabrera, analista político y docente universitario, coincide en que los altos cargos deberían representar el final de una carrera en el sector público y no su punto de partida. Traza una línea clara entre dos dimensiones: la representatividad política, que puede estar encarnada por jóvenes con trayectoria en activismo o militancia, y los cargos técnicos o ministeriales, que requieren formación específica. A su juicio, la formación académica debe ir más allá de títulos: se trata de credenciales ligadas a la calidad y pertinencia de los estudios frente a las responsabilidades del cargo.

Cabrera critica el uso instrumental de las acciones afirmativas. En su opinión, los jóvenes deben llegar a los espacios de poder por liderazgo natural, no por “cuotas obligatorias” impuestas.

Estima que figuras juveniles con legitimidad social previa, como líderes estudiantiles o activistas con trayectoria, tienen una base sólida para asumir cargos de elección popular. Pero advierte que quienes no tienen capital político ni trayectoria previa son fácilmente manipulables. “Alguien con experiencia tiene un capital político que perder”.

La responsabilidad de los partidos políticos en lo público

Para los analistas, la clave no está en la edad, sino en la preparación, la legitimidad y la trayectoria previa. Sin embargo, Gortaire lamenta que los partidos en Ecuador funcionen más como “vehículos electorales” que como estructuras ideológicas o formadoras de cuadros.

Gortaire es enfático al afirmar que en Ecuador no existen partidos políticos consolidados. “Lo que existen son máquinas electorales que sirven para ganar una elección”, sostiene.

En consecuencia, el proceso de formación de cuadros jóvenes o de renovación política se ve reducido a cumplir formalidades o aparentar capacitación. La falta de estructuras partidarias sólidas hace que, una vez electos, los jóvenes (al igual que el resto de políticos) queden fuera del alcance de la ciudadanía.

Los votantes también tienen parte de la responsabilidad

Ambos politólogos coinciden en rechazar la idea de subir la edad mínima para acceder a cargos de representación popular. Gortaire advierte que esa es una postura adultocentrista que ignora la historia y la realidad. “Hay jóvenes con más madurez y compromiso que muchos adultos que han protagonizado escándalos en la Asamblea”.

Cabrera va más allá, pues considera que imponer restricciones etarias sería una forma de paternalismo que traslada la responsabilidad de elegir a la ley, en lugar de exigirla a los votantes. “Como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, y una de ellas es elegir bien”.

Pero el problema no es solo de la Asamblea, sino también de la administración central, en el caso de elección de ministros y otras autoridades. Para lograr ese equilibrio entre representación, trayectoria y méritos, Cabrera propone reformar los nombramientos discrecionales del Ejecutivo y que los cargos jerárquicos se asignen mediante concursos de mérito y ascensos dentro de la carrera pública. “Si los jueces provinciales no se nombran a dedo, ¿por qué sí los viceministros?”, cuestiona.

El fondo del problema, desde la perspectiva de ambos expertos, no es la juventud, sino el debilitamiento institucional, factor que permite que cargos decisivos sean ocupados por personas sin mayor preparación, sin trayectoria, ni responsabilidad política frente al país.

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