El hallazgo en fosas comunes de los cuerpos de 12 personas que habían sido detenidas en un operativo contra la delincuencia en octubre, revivió en Venezuela la polémica por denuncias de violaciones a derechos humanos en planes de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro.

Los cadáveres, en avanzado estado de descomposición, fueron encontrados entre el viernes y el sábado pasados en un área montañosa de Barlovento, estado Miranda (centro-norte).

Según familiares, las víctimas eran agricultores; mientras que las autoridades aún no las identifican ni precisan el motivo de las detenciones.

Tras el arresto de 11 militares por su presunta culpa, activistas humanitarios encendieron las alarmas en torno a las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), lanzadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la policía en julio de 2015 para combatir la desbordada inseguridad.

La abogada Rocío San Miguel, experta en temas militares, pidió “poner fin” a las OLP, al acusarlas de ejecuciones, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales.

“No puede la FANB continuar depredando y arrasando poblaciones. Ya basta”, expresó San Miguel en Twitter, dirigiendo su mensaje al ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol.

Pero Maduro ha defendido la necesidad de las OLP para “garantizar la paz y la tranquilidad” ante la acción de bandas armadas que cercan a los venezolanos, especialmente en las barriadas más pobres.

El experto en seguridad Fermín Mármol duda de la efectividad de las OLP. “Me temo que el plan no tuvo mucho éxito ni en 2015 ni en 2016. El homicidio sigue aumentando, el secuestro y el robo siguen aumentando”, dijo.

Según la Fiscalía, 17.778 homicidios ocurrieron en 2015 en Venezuela, con una tasa de 58,1 por cada 100.000 habitantes, seis veces mayor al promedio mundial.

Familiares de las víctimas acudieron a la Comisión de Política Interior del Parlamento (controlado por la oposición) para pedir apoyo de los asambleístas en un caso que la presidenta de esa instancia legislativa, Delsa Solórzano, calificó como “una masacre”.

Testimonios de las familias precisaron que las víctimas fueron detenidas entre el 13 y 16 de octubre, y que las vieron por última vez el día 19 en un centro de detención adonde les llevaron comida y ropa.

Las autoridades les dijeron que habían sido trasladadas y no volvieron a saber de ellas.

Según Solórzano, el número de muertos podría ser mayor, pues aún existen desaparecidos. “Por favor les pido que me ayuden, que busquen a mi hermano (Freddy Hernández) donde esté”, rogó Zulay Henrández, con voz entrecortada, junto a la diputada.

Sin explicar las circunstancias de las muertes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, admitió en un comunicado que “militares que ejecutaban operaciones de reconocimiento y patrullaje (...) incurrieron en el asesinato de varios ciudadanos”.

Al mismo tiempo, expresó su “categórico rechazo” a los hechos, que consideró aislados.

Pese a ser considerada cercana al chavismo, la fiscal general, Luisa Ortega, ha mostrado preocupación por el aumento de denuncias contra las OLP.

Reverol las considera exitosas, al asegurar que en su primer año dejaron 157 bandas desarticuladas y 1.492 armas de fuego incautadas. No ofreció cifras de abatidos.

Según un estudio de la firma Hinterlaces, difundido en julio, 82 % de los venezolanos -hartos de la delincuencia- respaldan a las OLP.

Mármol sostiene que los planes contra la delincuencia deben incluir políticas sociales de prevención del delito.

Mercados

El bolívar perdió casi 60 % de valor

El dólar en el mercado negro en Venezuela llegó ayer a 3.480,22 bolívares, con lo cual la moneda local se devaluó en un solo mes por encima del 54,96 % en la cotización paralela desde inicios de noviembre.

El sitio dolartoday.com, referente del llamado “dólar negro”, fijó el nuevo pico histórico de la divisa, que a principios de mes estaba en 1.567,35 bolívares por unidad.

La nueva cotización excede en poco más de cinco veces la tasa oficial más alta (662 bolívares por dólar), llamada Dicom, lanzada a inicios de este año por el gobierno socialista, que ejerce un férreo control de cambios desde 2003.