Todo luce “tranquilo y normal”, dicen los militares ecuatorianos, quienes desde un kiosco de madera piden la cédula de ciudadanía y revisan mochilas, bolsos y otras cosas de los transeúntes, que apresurados cruzan de Colombia a Ecuador y viceversa por el puente sobre el río Mataje. 

“La gente puede pasar, pero está prohibido el comercio y la circulación vehicular”, comenta uno de los soldados, el mismo que pocos minutos después frena una camioneta llena de carga, la revisa, pide documentos al conductor, algunas preguntas y le cede el paso por el puente, bloqueado con pequeñas barricadas que se pueden sortear. “Es que hay carros que sí dejamos pasar porque son conocidos, que siempre van y vienen y son de esta misma zona”, menciona a este medio el uniformado.

En ese paso fronterizo cruza un promedio diario de 500 transeúntes a quienes no se les exige el certificado de antecedentes penales. “Eso le corresponde a la Policía. Ayer vinieron y en un par de horas hicieron ese trabajo. Desde entonces no han venido”, aseguran los militares.

Aunque del lado colombiano, cuatro soldados en el otro extremo del viaducto de 68 metros de longitud, que realizan el mismo trabajo y a las mismas personas, reafirman que “todo está tranquilo y controlado”, el ambiente se siente tenso y hay menos trabajo para quienes viven de la fluidez de los usuarios del puente.

 “Sí se tiene un poco de temor porque sabemos todo lo que está viviendo el Ecuador, pero esperemos que no nos afecte”, cuenta Pedro Cifuente, un colombiano que ingresa con dos de sus familiares desde Tumaco, Colombia. “Antecedentes no, solo nos pidieron la cédula para registrarnos”, añade.

El presidente Daniel Noboa declaró el 9 de enero la existencia de un conflicto armado interno en el país y a la vez un estado de excepción, para mitigar las oleadas de violencia y revueltas en las cárceles del país. Entre sus disposiciones está el patrullaje constante de militares en calles y barrios para aprehender a malhechores. Un trabajo que deja hasta el momento más de 2.300 detenidos.

Y para aumentar el control en los pasos fronterizos tanto de Colombia como de Perú, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior con Acuerdo Ministerial # 007, exige, desde el pasado 11 de enero, el certificado judicial a todos los ciudadanos extranjeros que ingresen al país. Esto, como un plan para evitar la filtración de más delincuentes y armamentos ilegales al territorio nacional.

Hasta el cierre de esta edición, la Policía que controla esa zona norte de Esmeraldas no respondió por qué no se exigen los antecedentes penales a cada transeúnte del puente. No obstante, desde el Departamento de las Fuerzas de Tarea Conjuntas del Ejército, que está a cargo del control de actividades ilícitas en la provincia de Esmeraldas, señalaron que los militares no exigen los antecedentes en ese punto fronterizo porque “no han recibido esa disposición”, ya que el paso sobre el río Mataje, si bien es reconocido, “aún no está oficializado y eso es de conocimiento público, por lo tanto por ahí no pueden pasar vehículos”.

Sin embargo, ese Departamento militar, a través de un vocero, menciona que han reforzado el trabajo en la frontera tanto en Mataje en Esmeraldas como en Tobar Donoso, en la provincia del Carchi. “Hemos reforzado todo el límite político internacional”, detalla.

Específicamente en la zona de San Lorenzo, cantón al que pertenece la comunidad de Mataje, el vocero señala que se ha reforzado con personal militar y con vehículos los 14 pasos fronterizos no autorizados entre Colombia y Ecuador en esa parte del país, conocidos como trochas.

Un control que lo reafirma el teniente coronel Pablo Ramírez, jefe de las Fuerzas de Tarea Conjunta del Ejército en San Lorenzo. “El trabajo se ha mantenido y se ha reforzado en los pasos ilegales donde se puede presumir que exista algo ilegal”, detalla. Cuenta que hasta el momento, durante este refuerzo, no han registrado casos de traslado de contrabando. Además, enfatiza que los militares sobre el puente internacional de Mataje, verifican especialmente que no haya indicios del traslado de municiones y explosivos.

“No hemos tenido novedad, pero sí necesitamos la colaboración de la ciudadanía, para que nos permita hacer nuestro trabajo, porque siempre hay el rechazo de su parte de que todo el tiempo les estemos revisando los vehículos”, comparte.

La aparente tranquilidad que, después de una hora se transforma en tensión, en esa zona de Mataje, está matando también al turismo que tomaba de pasarela a ese puente binacional. “Por aquí saben venir bastantes turistas colombianos que van a las playas como Mompiche o Atacames. Pasan familias enteras, pero desde que inició esta inseguridad en el país ya no viene nadie”, comenta la dueña de un pequeño restaurante al pie del paso fronterizo, quien “por temor”, prefiere reservar su nombre.

El trabajo de los taxirrutas, que parten llenos de pasajeros a 3 dólares cada uno desde el puente hasta San Lorenzo o de 12 dólares hasta Esmeraldas, se ha reducido considerablemente. Un hecho que afecta también a las taximotos y vans del lado colombiano, que llevan a los pasajeros hasta Tumaco. Pues el temor ante los hechos violentos que vive el país han frenado la fluidez de los migrantes.

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