“La mejor ayuda que pueden dar los ciudadanos es la información”, así responde el coronel Patricio Acosta Jara, militar en servicio pasivo sobre la responsabilidad ciudadana en la lucha contra el terrorismo en Ecuador.

Y es que tras la declaratoria del conflicto armado interno mediante del Decreto Ejecutivo 111, se contabilizó hasta el cierre de esta nota, un total de 46.915 operativos; en los cuales se ha detenido a 3.886 ciudadanos que significan 89 operaciones contra grupos terroristas.

Esta información, que fue proporcionada por la Presidencia de la República, ha señalado que en dichas acciones han fallecido dos uniformados en medio de las intervenciones o “en cumplimiento de su deber” desde el pasado 9 de enero, fecha de la declaratoria.

Acosta Jara pondera que si el ciudadano de a pie se involucrara mucho más con tan solo pequeñas acciones, los resultados no solo fueran más contundentes en temas numéricos, sino en la erradicación de grupos criminales que hoy atemorizan a la población.

“Gracias por los sánduches, comida y aguas para los militares que están en los patrullajes por el estado de excepción, pero lo que sí se necesita realmente es que nos digan dónde se esconden los criminales, donde tienen sus bodegas, donde tienen sus bases, porque también lo saben y así pueden sanar a su sector”.

Una de las alternativas para la participación activa de los ciudadanos es que se use la línea telefónica gratuita del programa de recompensas. Una iniciativa lanzada en octubre de 2023 entre el Gobierno ecuatoriano y el estadounidense.

Además de esa vía, hay un correo electrónico denominado informa@recompensas.org para redactar los datos que la persona desee compartir.

Cuando el proyecto fue presentado, se expuso que en los tres primeros días de funcionamiento se recibieron 3.500 llamadas de personas que querían saber si funcionaba o para dar alguna información. Un 46 % de comunicaciones fueron de Pichincha, 28 % de Guayas y otro 9 % en la provincia El Oro.

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Sin embargo, Alfredo Carrasco, representante del Comité de Usuarios del cantón Durán, una de las ciudades más violentas del país, manifiesta que aún existe desconfianza al momento de realizar una denuncia porque no hay una “garantía real de mantener el anonimato”.

Sostiene que se debe crear campañas comunicacionales para que todos conozcan los procedimientos de denuncia y que los datos que se piden o se preguntan son cuestiones de rigor para mantener parámetros de la recepción de información.

“Comienzan a preguntar datos, nombres, números de cédula y un poco de cosas que ya no parece confidencial y no es garantía para nosotros que conocemos a los pillos y ellos a nosotros y los vemos todos los días”.

No obstante, el exsecretario de Seguridad, Wagner Bravo, alienta al uso de este mecanismo, porque con la declaratoria del conflicto interno armado se debe recordar que “está en juego la existencia del Estado”, especialmente porque los grupos terroristas se camuflan entre la ciudadanía para operar tranquilamente.

“Si no se apoya a las Fuerzas Armadas, nos van a tener en zozobra todo el tiempo... No se puede pagar platos rotos porque no se denunció a tiempo, hay que recordar el asesinato de la familia en el Guasmo”.

Bravo insiste que si la ciudadanía no se suma a la lucha contra el terrorismo, caerá en ‘saco roto’ el esfuerzo gubernamental y estatal que se desarrolle con el estado de excepción, el mismo que solo tiene sesenta días de vigencia y la posibilidad de extenderse 30 días más.

“Por 10.000 cristianos que sean, no nos pueden ganar a los millones de ecuatorianos que queremos una verdadera paz. Tenemos que actuar cívicamente, no es criticar, es aportar y se comienza con la información. Todos debemos hacer un gran consenso, es el momento”.

El estratega en seguridad pública, Daniel Adler, pondera que una de las fallas del Estado es que no trata de la problemática como un tema multidisciplinario.

“La estrategia es la reconstrucción del tejido social, esto es multiagencial, no se lo puede atender con solo Fuerzas Armadas o uniformados, son acciones que van desde la inclusión social hasta la educación financiera y acciones de deporte”.

Adler agrega que las imágenes en donde se muestra a militares golpeando y, en algunos casos, humillando a muchachos capturados, son una “suerte de desahogo de la comunidad, pero bastante desacertada porque profundiza el resentimiento y si no se erradica a las bandas, estas volverán con más fuerza”.

En tanto que la especialista comunicacional María Fernanda Carvajal pondera que se debe enfocar actividades para crear una gran cruzada que establezca como meta en desplazar la adopción de “identidad de maleante” en la niñez y adolescencia. Fomentar la idea de un futuro deseable y trabajar para que las nuevas generaciones no sean ‘criadas’ por un sistema narcocriminal.

“En Ecuador fue tendencia el término rulay, eso no puede ser posible. Si queremos cambios verdaderos es urgente incentivar buenos ejemplos a seguir, las metas de vida, propósitos... Descartar idealización de los gánsteres, jactarse de pertenecer a una agrupación terrorista por muy bromista que sea”.

Carvajal pondera que en la actualidad hay una crisis de identidad en los menores de edad, quienes han normalizado la violencia por los dramáticos entornos en los que viven, que genera crisis de valores y desigualdad en territorios.

“Según el último censo penitenciario, más del 70% de la población carcelaria está entre los 18 y 35 años, son los menores de edad de hace menos de 15 años, población que podría estar generando recursos de forma honesta, pero fue subestimada en su momento y ahí no teníamos los picos de violencia de hoy en día”, refutó.

Adler concuerda con Carvajal y sostiene que se trata de una carrera contra reloj, en donde el Estado ya ha perdido bastante tiempo y espacio al no estar presente en los territorios porque “el narcotráfico corrompe lo que toca y penetra a los sectores más populares de cualquier país; es su característica para formar nuevos soldados”.

Por lo pronto, en el decreto ejecutivo 111 reconoció a 22 grupos delictivos como terroristas y, según estimaciones de la Policía Nacional, solo en dos provincias no tienen presencia, una es de la región Sierra y otra es de la Amazonía. Pero así también existen casos como el de Guayas, en donde se ha encontrado la disputa de 12 organizaciones criminales.

Le sigue Los Ríos, Manabí y Esmeraldas con enfrentamientos entre ocho estructuras armadas.

• El apoyo internacional

El Gobierno de Estados Unidos, a través del Comando Sur, tiene un fondo de $ 93,4 millones para ayudar a Ecuador en materia de seguridad. La primera gestión ocurrió el pasado jueves, en donde se donaron cerca de $ 2,5 millones en maquinaria, que iba desde camiones navystar, camionetas, ambulancias, montacargas y 44 motores fuera de borda e intraborda. Por otro lado, la embajada de ese país en el territorio ecuatoriano anunció que el personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI, sigla en inglés) va a capacitar a personal de la Policía Nacional y Fiscalía General del Ecuador. La jefa del Comando Sur, Laura Richardson, estuvo en el país desde el pasado 22 de enero y su agenda se caracterizó por reuniones con el jefe de Estado, Daniel Noboa, ministros y fuerzas del orden.

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