Dos palabras menos en el proyecto de ley de recuperación económica estrechan la puerta que pretendía ensancharse para que el Gobierno pueda pagar su deuda con el Banco Central de Ecuador en papel y no en dólares. Esa posibilidad sigue abierta, pero se ha restringido. El Central ya no podrá adquirir -ni recibir como pago- acciones de empresas públicas “no financieras”, ya que la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea retiró esa mención. Pero sí tendrá la facultad de adquirir -o recibir en pago- participaciones de la banca pública y del sector seguros y valores.

EXPRESO desmenuzó la semana pasada el artículo, ahora acotado, que permitía al BCE incorporar a sus activos participaciones de entidades financieras y no financieras. Un precepto que había quedado eclipsado por la polémica de las tasas arancelarias pero que ampliaba jurídicamente la maniobra, tan cuestionada por analistas económicos, en la que se amparó el Gobierno en mayo para rebajar sus pendientes con el Central de $ 5.800 millones a $ 3.700 millones. Ese trueque de dólares por papeles entre el BCE y el Ministerio de Finanzas ya tiene, según desveló este Diario, un borrador de informe especial en la Contraloría General.

Porque, en abril de este año, ninguna de esas transacciones habría sido posible dado que el Código Orgánico Monetario y Financiero lo prohibía expresamente. Pero también en abril, el Gobierno llegaba a una deuda récord con el Banco Central de 5.858 millones de dólares.

Es entonces cuando se aprueba una ley ad-hoc, el 18 de abril, que introduce la excepción que permite al Central hacerse con acciones de la banca pública. Un mes después se ejecutó la operación, que no fue desvelada hasta junio debido a un coincidente retraso en la publicación del boletín semanal del BCE que refleja estos cambios. Para cuando vio la luz el informe, el Central tenía en sus activos 2.137 millones en participaciones de la Corporación Financiera Nacional, de Banecuador y de Conafips (Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias) y el Gobierno le debía 2.137 millones menos.

Ahora que el primer debate de la ley de reactivación económica ha restringido la transmisión de acciones del BCE a que sean de entidades “financieras” o de “valores y seguros”, dejando fuera a las “no financieras”, la entidad aclara a EXPRESO que “no tiene previsto” adquirir empresas públicas y “menos aún como dación en pago”, pese a que esto último es lo que sucedió en mayo.

La aclaración del Central no descarta, sin embargo, que pueda volver a ampliar su cartera como accionista de entes públicos. De hecho, la entidad apunta a que “el objetivo de la reforma es que el BCE esté facultado a adquirir o admitir acciones de entidades financieras, de valores o de seguros, en caso de que se produzcan tales escenarios en el futuro”.

Además, explica el ente de control monetario, “adquirir o recibir” -es importante el matiz- “acciones tiene comúnmente como razón de ser la ampliación de las inversiones que cualquier persona puede tener en su patrimonio. El BCE podría utilizar esas acciones para diversificar sus actividades”. Sin embargo, en el Código Monetario y Financiero, la adquisición de acciones de empresas de cualquier clase solo se admite como excepción.