
Fiscalizacion, otra vez tarde
El juicio político contra superintendente de Bancos arrancó ayer. La Asamblea continúa un paso por atrás del CPCCS. El balance de la comisión es pobre.
Un nuevo juicio político, esta vez contra el superintendente de Bancos, Christian Cruz, arrancó ayer en la Asamblea con siete meses de retraso. Es el tiempo que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) demoró en calificar la demanda, en abierta violación a la Ley Orgánica del Parlamento que le impone un plazo de tres días. Otra vez tarde: el próximo lunes, el Consejo de Participación Ciudadana de Transición se pronunciará sobre la suerte del funcionario, acusado de haber omitido los controles que está obligado a ejercer sobre las finanzas de la Seguridad Social y haber permitido que su director, Richard Espinosa, desvaneciera la deuda del Estado con la entidad, ocasionándole un perjuicio de 2.400 millones de dólares.
El asambleísta Raúl Tello había presentado su petición de juicio el pasado 21 de noviembre. Ahora luce resignado ante la posibilidad de actuar, otra vez, contra un funcionario ya destituido por Participación, sin lograr otro efecto que una condena simbólica. “Parece que solo cuando el CPCCS actúa -lamentó ayer- la Asamblea despierta”.
Esta arbitrariedad en los plazos ya es regla en la Asamblea. La presidenta Elizabeth Cabezas parece haber heredado de su antecesor, José Serrano, la convicción de que la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como en los tiempos de la Colonia, se acata pero no se cumple. A pesar de su obligación de tramitarlos en tres días, los pedidos de juicio político se siguen apilando mes a mes sobre su escritorio.
Ahí está, desde el 8 de febrero, el que presentó Tanlly Vera (CREO) contra el exministro de Finanzas Carlos de la Torre, por haber usado 300 millones de dólares destinados a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas para otros fines. Y el que oficializaron el 31 de mayo los asambleístas Cristina Reyes (PSC) y Fernando Flores (CREO), con 59 firmas de respaldo, contra la ahora excanciller María Fernanda Espinosa. Y, desde el pasado lunes (debería resolverse hoy, pero el CAL no ha sido convocado), el que impulsa la independiente Mae Montaño contra el exprocurador Diego García. Por no hablar del pedido de reconsideración interpuesto por Jeannine Cruz (CREO) para reactivar el juicio contra el exministro de Educación Augusto Espinosa, pedido que no ha sido siquiera analizado y está ahí desde ¡el 13 de noviembre!
La Asamblea parece haberse acostumbrado a que los juicios políticos no tengan más que un efecto simbólico, de censura moral. Aunque Mae Montaño pretende ir más lejos. Ella piensa que el caso del exprocurador García (por su responsabilidad en el regreso de Odebrecht, por el manejo alegre de los fondos de la entidad y por negligencia manifiesta) debe ir a Fiscalía. Por eso pedirá, junto con la censura, un examen especial de la Contraloría. Que se trate de un exfuncionario la tiene sin cuidado.
Por el momento, todo parece indicar que la fiscalización parlamentaria seguirá llegando tarde... O archivándose, como también ha sido costumbre. El excontralor Carlos Pólit fue censurado el 2 de julio del año pasado, un mes después de su fuga del país. El exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, el pasado 12 de marzo, cinco días después de su destitución por el CPCCS. El proceso contra el exvicepresidente Jorge Glas, pese a estar preso, quedó en el limbo jurídico, sin informe final, luego de dos intentos consecutivos. Lo mismo ocurrió con Gustavo Jalkh y el Consejo de la Judicatura, destituidos por Participación. Hasta el momento, la función fiscalizadora del Legislativo tiene un solo éxito probado: la censura del fiscal Carlos Baca Mancheno, el 26 de abril pasado. Un paupérrimo balance.
Caso Gabela
¿Queda algo por hacer?
La presidenta de Fiscalización, María José Carrión, cree que la Asamblea debe tomar acciones en el caso Gabela. Ayer lamentó que los implicados ya no estén sujetos a juicio político. Sin embargo, el tema de los helicópteros Dhruv puede ser reactivado en la Comisión de Asuntos Internacionales.