Ninguno de los asambleístas solicitantes del juicio político contra Guillermo Lasso respetó a cabalidad lo dispuesto en la providencia de la Comisión de Fiscalización y Control Político del 03 de abril sobre la incorporación de pruebas por la causal 3 del dictamen de la Corte Constitucional. Le informó el asambleísta Fernando Villavicencio al presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, en un oficio remitido el viernes.

El legislador pide al titular de ese organismo que realice el seguimiento a la ejecución del dictamen de admisibilidad parcial del juicio político por un presunto peculado en contra del presidente Guillermo Lasso. Además que le establezcan con “claridad a la Asamblea Nacional que este juicio político únicamente corresponde al delito antes identificado”.

Según Villavicencio, la actuación de los interpelantes contraviene el dictamen constitucional emitido por Lozada y el juez Richard Ortiz, a pesar del carácter obligatorio y de cumplimiento inmediato. Señaló que hasta la fecha no se ha singularizado la prueba dentro del juicio político con relación con el tercer cargo, esto es el de peculado.

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El asambleísta explicó a la Corte Constitucional que tres asambleístas solicitantes del juicio incumplen su disposición que especifica que en el proceso de juicio político se debe excluir la consideración de los hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo. 

Así menciona a Pedro Zapata, Viviana Veloz y Katherine Pazmiño, en lugar de aportar pruebas de peculado habrían respondido a la Comisión que “tampoco existe en el procedimiento la posibilidad de que la comisión o su presidente dispongan restricciones o delimitaciones a la documentación de sustento del juicio político o las pruebas”.

En el oficio se cita además a Pablo Muentes y el contenido de su escrito que exige “que de forma inmediata y sin más dilaciones se proceda conforme lo prevé el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”. Finalmente, dice que los asambleístas Gabriela Molina , Comps Córdova y Roberto Cuero, que también exigen “el respeto al ordenamiento jurídico y no impida el cumplimiento de una resolución adoptada por la Comisión de Fiscalización y Control Político”.