La inacción por parte de 484 contribuyentes llevó a las autoridades del Servicio de Rentas Internas (SRI) a tomar medidas más drásticas. Ayer, ante la Fiscalía Provincial del Guayas, la entidad presentó una denuncia penal en contra de estas compañías por no haber regularizado su situación, tras haber sido acusadas de usar facturas falsas. Los representantes de las Cámaras de la Producción dicen apoyar la medida, siempre y cuando esto no se convierta en objeto de persecución empresarial.

Este grupo de empresas que tendrá que enfrentarse a la justicia, todas localizadas en Guayas, están dentro de los 15.000 contribuyentes que, según el SRI, han venido comprando facturas falsas a las 512 empresas fantasmas que han sido identificadas en el país. Esto, con el fin de sustentar gastos y con ello evadir el pago de tributos. Según Juan Miguel Avilés, director provincial del SRI, las 484 empresas habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado de $ 200 millones, de los $ 655 millones que se calculan de forma global. Estas sociedades, añadió, empezaron a ser notificadas desde septiembre del año pasado, pero hasta la fecha no han resuelto su situación.

Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), asegura que su sector está a favor de que las autoridades persigan y acaben con cualquier tipo de defraudación en contra del Estado. No obstante, recuerda que en este procedimiento se debe “partir siempre del principio constitucional de la inocencia”. Lo bueno, dice, es que estas empresas van a tener la opción de defenderse ante la ley como corresponde “y en función de eso se verá qué pasa. Si la justicia les da la razón o se las da al SRI”, dijo.

Según la entidad tributaria, del total de contribuyentes a nivel nacional que habrían cometido este fraude, el 34,7 % operan dentro del sector comercial. Una cifra que no preocupa al presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Patricio Alarcón, quien cree que aunque es un porcentaje considerable, esta es una falta que, medida para el universo de empresas que hay en el país, se comete de forma mínima. Una mala práctica de la que también se advierte y se orienta a sus agremiados para evitar que se cometa.

Alarcón dice también apoyar este tipo de investigaciones, siempre y cuando “el SRI, por la falta de caja del Estado, no se convierta en un brazo persecutor. En eso debemos tener cautela”, exhorta.

Patricia Morejón, fiscal del Guayas, dijo que tras haberse presentado esta denuncia, la institución procederá a cruzar la información que deberán remitir varias entidades públicas. De comprobarse el fraude, las empresas deberán pagar el impuesto evadido, más un recargo del 20 %. No obstante, la ley tributaria contempla una sanción que podría derivar con la prisión de tres a 7 años.