La Fiscalia pide informacion del vicepresidente

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La Fiscalia pide informacion del vicepresidente

Una orden de detención dictada en contra del exministro de Obras Públicas y exdirector de Senagua, Walter Solís, fue la justificación para su inasistencia a la versión que debía rendir ayer en la Fiscalía.

El exministro coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, se mostró cauto en sus declaraciones sobre el tema Odebrecht. Sin embargo, reconoció que es un tema “muy serio y muy grave”, que debe ser manejado de forma seria dentro de las instancias p

Una orden de detención dictada en contra del exministro de Obras Públicas y exdirector de Senagua, Walter Solís, fue la justificación para su inasistencia a la versión que debía rendir ayer en la Fiscalía.

La fiscal Diana Salazar convocó al exfuncionario quien fue mencionado en el expediente que por presunta asociación ilícita se sigue en contra de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas y otros en el caso Odebrecht.

Gutemberg Vera, defensor de Solís, remitió un escrito a la fiscal Salazar señalando que esa orden de detención que debía ser por 24 horas se llama fuerza mayor o caso fortuito. “Me encuentro imposibilitado de asistir o comparecer al desarrollo de cualquier diligencia pública”, señala el documento.

Solís, hoy con paradero desconocido, fue mencionado por al menos dos personas que rindieron versión como la persona que firmó el contrato del proyecto Daule Vinces.

Quien sí rindió su versión fue Rafael Poveda, exministro coordinador de Sectores Estratégicos. Él fue a la Fiscalía a las 14:00 acompañado por su padre. Dijo que “siempre estaré presto para colaborar con las investigaciones y reconoció que el tema Odebrecht es muy serio y grave, que debe ser manejado de forma seria dentro de las instancias pertinentes y siguiendo el debido proceso.

Mañana, a las 10:00, está citado el vicepresidente quien fue mencionado en dos versiones. Una eventual vinculación del segundo mandatario al caso desplazaría el conocimiento del expediente de la fiscal Salazar hacia la Fiscalía General.

A una inhibición de la fiscal apuntan los últimos pedidos formulados al Consejo Nacional Electoral (CNE) de copias de las credenciales que certifican que Glas es vicepresidente.

Al menos eso consideran dos exfiscales. Fernando Lara, exfiscal de Delitos Aduaneros, dice que el accionar de Salazar muestra que investiga a un funcionario que tiene fuero. En ese camino, señala Lara, debe haber encontrado indicios que le obligan a inhibirse y pasar el caso al fiscal. “Ella no le puede formular cargos a él (vicepresidente) y lo que ha de decir es que hay suficientes elementos por cuanto la persona que posiblemente estaría involucrada en este delito goza de fuero”, indica Lara.

Franklin Bravo, hasta hace cinco meses fiscal y quien conoció algunos casos entre ellos el de Petroecuador, cree que todo hace pensar que la fiscal está preparando el envío del expediente a la Fiscalía General.

Precisa que esa instancia lo analiza y “si considera que no tiene la razón en la participación se lo devuelve”.

Formular cargos mediante una vinculación no depende del fiscal del caso sino del fiscal del fuero, añade.

Además de su solicitud al CNE, la fiscal requirió a la Secretaría Jurídica de la Presidencia copia del decreto que encarga funciones al vicepresidente.

Otros pedidos fueron para el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, para que remita los nombres de los ministros, entre 2007 y 2013, y las funciones que desempeñaron en ese periodo. Glas y Poveda fueron dos de los ministros.

El Consejo de Participación deberá enviar respaldo sobre quién era contralor entre 2007 y 2016 y, a la Asamblea los documentos de respaldo de la designación del contralor, dignidad que recayó en Pólit.

Este caso de asociación ilícita inició el pasado 2 de junio. Según la fiscal, Rivera habría recibido alrededor de 13 millones en sobornos de Odebrecht.

La revelación de los sobornos la hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos que señaló que en Ecuador se entregaron de 33,5 millones a funcionarios públicos.

El nombre del vicepresidente se menciona en audios filtrados por el periódico O Globo. Glas aseguró que las acusaciones son en represalia por la expulsión de la empresa en 2008.

Caso Mosquera

Faltó la información pericial

La audiencia, por intentar ingresar un teléfono celular a su celda, en contra del exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, se debió cumplir ayer en Quito, pero se suspendió.

Franklin Arévalo, abogado del exfuncionario, dijo que la diligencia se pospuso por la falta de información pericial.

Explicó que él pidió que se hagan dos peritajes: Una exploración del teléfono que se encontró en la celda de su defendido; y, un informe de las huellas que tenía el aparato telefónico. Aseguró que solo este último informe llegó el momento de iniciar la diligencia y en el que se indicaría que no están las huellas de Mosquera.

Ante esto, la fiscal Diana Salazar suspendió la diligencia. Se espera que se fije una nueva fecha.

Seguridad oficial

Más ojos sobre el vicepresidente

Resultó todo lo contrario. La seguridad del vicepresidente Jorge Glas se reforzó y no se cumplió su vaticinio de que podrían retirarla, luego de que se le impidiera el uso del avión presidencial.

El ministro de Defensa, Miguel Carvajal, aclaró ayer que, luego de que el vicepresidente anunciara que recorrerá el país, se decidió aumentar su seguridad y ratificar este servicio para su familia. “Dijo que se le había prohibido usar un avión, pero el señor vicepresidente tiene los vehículos oficiales como corresponde”, señaló Carvajal.

Esto quedó comprobado ayer. Glas llegó a la sede de Alianza PAIS, en el norte de Quito, en una camioneta doble cabina blanca escoltada por dos vehículos todoterreno de color negro. De ahí descendieron, al menos, seis escoltas que lo esperaron mientras mantenía una reunión, sin contar los policías uniformados que custodiaban la sede del oficialismo.

El viernes pasado, tras perder varias funciones a su cargo, el segundo mandatario responsabilizó de su seguridad al presidente Lenín Moreno y al secretario de la Presidencial, Eduardo Mangas. CRR