Cerca de las 14:00 de ayer, funcionarios de la Fiscalía, Policía, Criminalística y uniformados del Gema abandonaron las instalaciones de la Casa de la Cultura.

Habían llegado a verificar una denuncia anónima ingresada al 1800-DELITO que alertaba que en las bodegas y subterráneos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), ubicada en el norte de Quito, un grupo de 30 personas, entre venezolanos y ecuatorianos, estarían almacenando material bélico.

Detalló que se trataría de explosivos y armas artesanales que serían utilizados en las manifestaciones de los próximos días y utilizar en contra de los policías y militares e ingresar a la Presidencia de la República.

Se trató de un acto urgente solicitado por la Fiscalía para efectuar las verificaciones correspondientes. Estuvieron presentes policías antiexplosivos. Revisaron varios espacios por casi cinco horas. No encontraron el supuesto material.

El contenido de la diligencia lo difundió Fernando Cerón, presidente de la CCE en sus redes sociales. Además, compartió fotos de los funcionarios ejecutando la orden judicial.

Pasadas las 14:00, informó por la misma vía que la Policía se retiró de la entidad luego del allanamiento. “Demandamos el respeto a la autonomía de esta institución, a los artistas, gestores, intelectuales, los invitamos a estar atentos a que el deseo de requisar la institución no proceda”, escribió.

Se refería al anuncio del comandante de la Policía, Fausto Salinas, quien temprano anunció la posibilidad de que por primera vez en su historia las instalaciones de ese organismo podrían servir para alojar a los policías de las unidades del mantenimiento del orden que están encargadas de resguardar a la población en toda esa área del norte de Quito.

Para concretar esa posibilidad, el oficial indicó: “vamos a hacer uso de algunas herramientas que están en el decreto del estado de excepción para una requisición de esa área”.

Tradicionalmente, la Casa de la Cultura había sido un sitio utilizado para las protestas violentas, dijo Salinas. Ocurrió en octubre de 2019, cuando en esos espacios se alojó a cientos de indígenas. A pesar de que una enorme pancarta definió a la edificación y los sectores de las universidades Católica y Salesiana como ‘Zona de Paz’, fue en sus dependencias en donde se concretó, por ejemplo, el secuestro de policías y periodistas a cargo del expresidente de la Conaie Jaime Vargas y del actual titular de la organización, Leonidas Iza.

Ninguno de los dos recibieron cargos por parte de la Fiscalía. Luego, las investigaciones previas en su contra se borraron con una amnistía.

Las agresiones se transmitieron en vivo. En sus alrededores se incendió un patrullero y se agredió a civiles y periodistas. Con la delimitación de la zona se garantizó que la Policía no ingrese en el sitio desde el que partían algunas marchas a distintos sectores de la capital.

En su cuenta de Twitter, el presidente de la CCE, Fernando Cerón, señaló que el comandante de la Policía había anunciado que, aprovechando el allanamiento procederían a hacer su requisición con fines operativos. “Quiere tomar por asalto la Casa, todos a defenderla”, escribió. Y muchos llegaron para solidarizarse.

Durante el diligencia, el funcionario indicó que “existió una solicitud de la Policía que nos pidió ingresar 400 policías a las instalaciones para ser parte del mecanismo del control del paro, de la misma manera nos preocupa que la CCE pueda convertirse en un espacio que fomente actos violentos de cualquier tipo”.

Resaltó que el interés fundamental de ese organismo es que ese sea un espacio de mediación “que permita garantizar derechos humanos, generar elementos de cuidado humanitario si es que ese fuera el caso”. Negó que hubiesen recibido una solicitud oficial de la Conaie para ser utilizada como un espacio de acogida”. Eso, a pesar que Iza en una reunión con los dirigentes del paro en varias provincias dijo: “la Casa de la Cultura está garantizada. Se ha garantizado el sonido para que se pueda entrar”.