Más sospechas de irregularidades aparecen en el Ministerio del Interior, y la fiscal que lleva el caso ha recibido amenazas por las investigaciones que apuntan a desentrañar una nueva red de corrupción en la contratación pública en el país.

Tres funcionarios públicos y la esposa de uno de ellos son indagados por la Fiscalía por supuestamente beneficiarse, a través de un sistema de comisiones, de contratos en esa cartera de Estado. Las cuatro personas fueron detenidas la tarde del miércoles pasado en diferentes puntos de Quito. Entre ellas, dos directores del mencionado ministerio: Boris Platonoff Serrano (administrativo) y Byron Zúñiga Vásconez (financiero).

Entre los aprehendidos con fines investigativos está David Yépez Yánez, exasistente de la legisladora Gabriela Rivadeneira cuando fue presidenta de la Asamblea. Ahora él se desempeña como gestor de la Casa de la Asamblea en Pichincha. La otra investigada es la ciudadana chilena María Escobar Guzmán, esposa de Platonoff.

La investigación de la fiscal Claudia Romero empezó luego de que un contratista, que pidió el anonimato, denunciara en el Área Jurídica de ese ministerio que algunos funcionarios cobraban comisiones del 10 %. El denunciante entregó un número telefónico del que recibía las propuestas irregulares.

La Fiscalía pidió una autorización para hacer escuchas telefónicas. Aunque la investigación arrancó en agosto pasado, la fiscal dijo que el periodo que se analizará empieza en 2014. En ese entonces, el ministro del Interior era el actual titular de la Asamblea, José Serrano.

Los contratos que están bajo sospecha se relacionan con la compra de caballos para la Policía, la revisión mecánica de patrulleros, la adquisición de chalecos y municiones, entre otros. Estos casos también son auditados por la Contraloría.

Hay otras personas involucradas en este hecho ilícito. Por ejemplo, en las triangulaciones de llamadas los investigadores detectaron que se comenta que las presiones para que se concreten los negocios llegaban de alguien al que llaman ‘3P’.

Además, la Fiscalía pidió la detención para investigaciones de la excoordinadora administrativa financiera del Ministerio del Interior, Paula Christiansen, que estuvo en la entidad hasta 2015, y de su exesposo Eduardo Naranjo Vaca, quien a pesar de registrar ingresos mensuales por $ 7.000, cuenta con un patrimonio que supera los dos millones, según Romero. Ambos abandonaron el país hace pocos días.

La fiscal advirtió que detrás de estas personas hay actores políticos de mucha influencia. Contó que recibió llamadas antes de la diligencia, que se desarrolló ayer en Quito, para exigirle que excluya a tres de ellos de las pesquisas y que ha sido víctima de dos actos intimidatorios desde que empezó la investigación. Hay temor, dice, en los agentes policiales asignados a esta pesquisa.

La fiscal solicitó prisión preventiva de 90 días para todos los detenidos para garantizar su presencia, por considerar que hay un alto riesgo de fuga. La jueza Geovanna Palacios no aceptó el pedido y decidió, luego de una audiencia de 8 horas, que los procesados se presenten cada 15 días y que se les coloque un dispositivo electrónico.