La Fiscalia investiga a los asistentes al ‘picnic’

Los están identificando. Los civiles que aparecen en varios vídeos recibiendo instrucción de dos miembros de las Fuerzas Armadas, en una zona boscosa de Quito, serán llamados a declarar por la Fiscalía General.

Por ahora, la policía está revisando las seis grabaciones que se han difundido en relación con este tema. ¿Qué buscan? Los uniformados quieren reconocer y poner nombre a estos ciudadanos para que puedan rendir su versión.

Quienes ya están identificados son los dos soldados que fungen, en estas imágenes, como profesores de defensa personal. El fiscal general Galo Chiriboga informó ayer que sus nombres fueron remitidos a su despacho por el Ministerio de Defensa.

El funcionario reconoce que hay, al menos, tres vacíos en la historia de la supuesta capacitación de esos uniformados a civiles: ¿Quién solicitó su presencia? ¿De dónde llegó la orden para que impartan sus conocimientos? ¿Cuál era la intención? Eso se podrá determinar cuando se recojan las primeras versiones. “De ahí se podría conocer al mando de quién estaban civiles y militares”, manifestó Chiriboga.

No se ha establecido una fecha, pero también serán llamados a declarar el asambleísta alterno de Alianza PAIS Rodrigo Collaguazo y Carla Delgado, dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, organización afín al Gobierno. Los dos aparecen en los vídeos que se difundieron en las redes sociales.

El 14 de septiembre ellos explicaron que la reunión era una clase de oratoria, de educación física, un pícnic y mañana deportiva. Aunque en algunas imágenes los soldados hablan de cómo elaborar escudos con mochilas sin levantar sospechas y de técnicas para contener a manifestantes.

“Podemos poner a las mujeres para intimidar, esta es una clave. Poner mujeres adelante para intimidar a la amenaza y más si son bien sexis y bonitas, la verdad que al hombre le intimida”, dice, por ejemplo, uno de los supuestos instructores en una de las grabaciones.

Otra pericia que realizará la Fiscalía es el reconocimiento del sitio de las concentraciones de estos ciudadanos. En las imágenes se pueden ver estructuras rústicas levantadas en la zona del supuesto entrenamiento. La semana pasada Ecuavisa identificó el lugar como el bosque protegido de San Juan, en el noroccidente de Quito.

Cuando se conocieron las grabaciones, el fiscal Chiriboga había adelantado que “obviamente este es un delito contra la seguridad interna”.

El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 350, sobre la instrucción militar ilegal, señala que “la persona que imparta o reciba instrucción militar, sin permiso de autoridad competente, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”. Sobre esa base, la Fiscalía está investigando el caso.