La Fiscalía hace causa común frente a las amenazas en contra de la fiscal Diana Salazar, coordinadora de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción. Es contra todos los integrantes de la Fiscalía, señaló ayer el fiscal Carlos Baca.

El fiscal respaldó a Salazar, quien el fin de semana pasado fue amenazada. Baca no mencionó nombres ni casos, pero habló de “poderosos intereses” que pretenden obstruir el trabajo de la Fiscalía. Reiteró que esas “acciones desesperadas de un grupo de maleantes escondidos bajo los ropajes de grupos económicos o de presión política o social, estas acciones de presión demuestran que estamos en el camino correcto”.

La semana anterior, Salazar recibió amenazas de muerte en mensajes, llamadas y un vídeo en el que se exige su renuncia. Se atribuyó la autoría el Frente de Liberación Popular.

Salazar fue quien halló los elementos para vincular al vicepresidente Jorge Glas en la trama de corrupción de Odebrecht por presunta asociación ilícita.

El catedrático universitario Lautaro Ojeda señala que no hay que tomar a la ligera las amenazas. Cree que detrás de estas deben estar personas afectadas por sus investigaciones.

¿La razón? Ojeda recuerda que “en los últimos meses se ha destapado la olla y todos los días hay novedades que involucran al más alto nivel”.

Salazar solo ha sido la última en ser amenazada. La Fiscalía informó a EXPRESO que hasta el 23 de octubre, 16 fiscales pasaron al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos.

En Pichincha y Manabí están la mayoría. Hay casos en Santa Elena, Azuay, Esmeraldas, Santo Domingo, Napo y Chimborazo. Son 11 hombres y cinco mujeres. La protección consiste en localizar y trasladar a los fiscales a audiencias y diligencias. En casos de delitos traumáticos hay servicio de recuperación psicológica y apoyo en su participación para el juicio.

Los casos no son nuevos. En agosto de 2007, desconocidos ingresaron a la casa de la exfiscal de Imbabura Dora Mosquera, e incendiaron su vehículo. Unos días después ella advertía públicamente: “si pasa algo con mi vida o la de mi familia responsabilizo directamente a los imputados en este caso”.

Señaló a los sospechosos del caso del narcotraficante fallecido Óscar Caranqui que ella investigó y acusó. Por el mismo caso, ocho meses antes, fue asesinada la funcionaria judicial Blanca Cando. Precedieron su muerte llamadas amenazantes y un pescado muerto dejado en la puerta de su casa.

Seguridad

Instructivo

A mediados de año, la Fiscalía, Consejo de la Judicatura y Ministerio del Interior suscribieron un instructivo para brindar protección a jueces y fiscales amenazados por los casos que investigan. El documento tiene 11 artículos, dos disposiciones generales y una disposición transitoria.

Individual

El artículo 4 del Instructivo señala que los jueces y fiscales de carrera, cuya situación de riesgo sea considerada alta, podrán acceder a seguridad individual inmediata y permanente de acuerdo al caso. Todo, según los mecanismos establecidos en el instructivo.

Patrullaje

Los funcionarios que se encuentren contemplados dentro del instructivo podrán solicitar patrullaje permanente o preventivo en sus domicilios, garantizando con ello su propia seguridad y la de sus familiares, según el análisis de riesgo del Ministerio del Interior.