Más fiscales y tecnología para superar la lentitud de Fiscalía
Son parte de las posibilidades que señalan abogados para destrabar los casos en ese ente. Expertos explican por qué unas causas avanzan más que otras
Proceso. Cuando la Fiscalía encuentra elementos formula cargos, investiga, acusa y un juez llama a juicio como en el caso Las Torres.
El sometimiento a una persona denunciada a una investigación que excede los plazos legales genera una angustia innecesaria. Además, obliga a incurrir en pagos adicionales de defensores, quienes inicialmente fijaron sus honorarios considerando lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Es la explicación del jurista Roberto Calderón ante la extensión de las investigaciones previas abiertas en la Fiscalía más allá de los plazos previstos en el COIP. Dice que, si bien la ley penal establece que la investigación fiscal no deberá durar más de un año en los casos con penas de hasta cinco años de cárcel y hasta dos en los casos que superan los cinco años de privación de la libertad, el gran vacío en que incurrió el legislador es que no existe una consecuencia legal de haber sobrepasado los plazos.
Es que en la Fiscalía no todos los casos marchan al mismo ritmo como señaló EXPRESO en una nota publicada este martes 1 de noviembre. La penalista y catedrática universitaria Paulina Araujo tiene varias consideraciones a la hora de hablar de la demora en los casos en la Fiscalía.
Ella no le endosa toda la responsabilidad a la Fiscalía. Habla de los abogados que colapsan el sistema con denuncias, en algunos casos aún sabiendo que no hay delito. Ya cuando estas avanzan les ponen trabas o incidentes procesales.
Afirma que hay fiscales y secretarios buenos, pero no duran: o renuncian o son despedidos. Menciona también la falta de personal o la preferencia en el impulso de algunos casos mediáticos.
Un ejemplo, el de posible cohecho que involucra a Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador en el que la Fiscalía cumplió este martes allanamientos y la Policía ejecutó siete detenciones. Las diligencias se dieron pocos días después de conocerse el procesamiento de Arias en Estados Unidos por posible lavado de activos.
Es precisamente ese el cuestionamiento de la penalista: que los casos “donde están los pesos pesados ha sido la justicia estadounidense la que ha hecho el trabajo”. El jurista guayaquileño Joffre Campaña coincide en que hay falta de personal. Pero apunta a las soluciones: tecnología, preparación, seguridad. Y los fiscales de los casos de crimen organizado deberían despachar desde Estados Unidos. (Sus familias deben residir allá). “Solo así se puede asegurar independencia”, considera.
La penalista María Teresa Torres habla de que no debería haber tanta rotación de fiscales, que se mantenga en las unidades a los fiscales especializados y que puedan dar un mejor seguimiento a las denuncias que ingresan.
Juan Pablo Albán, experto en Derechos Humanos, apunta a que debe dotarse a la Fiscalía de suficientes recursos humanos y materiales para hacer su trabajo. También y no de ahora, sino de hace varios años, hay un déficit notable de fiscales y a pesar de que varios fiscales han pedido una asignación mayor de recursos. Apunta que en el caso de la actual Fiscalía hay “un uso de criterios de selectividad penal”.
Paúl Ocaña aclara que no todas las investigaciones son iguales, pues algunas son muy técnicas y necesitan un profundo conocimiento para llegar a establecer una verdad procesal. Indica que “es importante esta distinción, pues con ello se fundamenta el porqué unas investigaciones duran más que otras y con ello se podría justificar -por así decirlo- el trabajo que hace la Fiscalía”.
Demora. Decenas de investigaciones previas se mantienen abiertas por más del plazo legal.
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