Son y no son. No tienen el cargo legalmente, pero es como si lo tuvieran. Por lo que hacen, cualquiera pensaría que son fiscales, o autores de la Contraloría o hasta una especie de CSI criollo o algo por el estilo. En realidad son ciudadanos reunidos con un cometido: luchar contra la corrupción.

Son nueve rostros (unos conocidos, otros no tanto) que están agrupados bajo el nombre de Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Guayas, y con una tarea bastante compleja, y ellos lo reconocen. Si para las autoridades es complicado combatir los actos de corrupción, más aún para ciudadanos... pero no es imposible.

Iniciar y continuar una investigación de un presunto acto de corrupción desde la ciudadanía tiene sus etapas como en cualquier proceso de indagación. Martha Roldós, coordinadora de esta comisión, coloca como primera fase la verificación de los casos. ¿Y cómo se lo hace? Con evidencias. “Empezamos a trabajar cuando existen algunos elementos ya avanzados: denuncias concretas, un informe de la Contraloría, por ejemplo. Empezar desde cero con el equipo que tenemos es difícil. Lo que sí tenemos son muchísimas denuncias”, relata.

Luego viene la revisión de las evidencias, los méritos y la centralidad del tema. Parece sencillo, pero no lo es. Verificar la veracidad de las evidencias es un paso complejo. “Hay muchas denuncias que intuyes que son ciertas, pero no lo son y si no tienen suficientes elementos no puede progresar la denuncia y peor aún en las circunstancias en las que se vive en Ecuador”.

Las circunstancias a las que hace alusión Roldós son básicamente las contrademandas que podrían acarrear una investigación anticorrupción. Y hay casos. La Comisión Nacional Anticorrupción, ente ciudadano del que se desprende el capítulo Guayas (el primero en el país), denunció casos de irregularidades en obras públicas que luego los llevaron a las cortes como demandados por el delito de calumnias.

El excontralor Carlos Pólit, el actual legislador Esteban Albornoz, y el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, son quienes contrademandaron a los comisionados ciudadanos por denuncias que presentaron en contra de ellos. Los dos primeros desistieron de la causa, mientras que Baroja pide una indemnización de tres millones de dólares a los comisionados Jorge Rodríguez y Germán Rojas. El caso avanza.

Pero las contrademandas son probables consecuencias de las investigaciones. Pueden llegar, como no. No obstante, algo inevitable en el camino de la investigación es acceder a información. Este es el principal obstáculo. “Conseguir una información veraz es una las tareas más grandes no solo para nosotros, mire al pobre (presidente) Lenín (Moreno). No estaba la mesa servida. La deuda era mayor... Si para las propias autoridades es complicado, imagínese desde la sociedad civil”, replica Roldós.

El comisionado de Guayas, Jorge Ortega, tiene una explicación para eso y para ello se remonta a 10 años atrás. “Todo partió del irrespeto al Estado de Derecho que inauguró (Rafael) Correa. Él dijo que era el jefe de todas la Funciones del Estado. Hay que hacer una reingeniería de todo. La labor de la comisión es ardua y será muy dura”.

Un obstáculo menor (en comparación al anterior) es compaginar los horarios para dedicar tiempo a una labor voluntaria sin que esto obstruya sus obligaciones como profesionales y con sus familias. “Es muy jodido (ríe). Estamos construyendo una mejor manera de trabajar, pero nos ha ido bien”, relata Silvia Buendía, comisionada de Guayas.

De momento, mantienen una reunión general por semana. Quienes no pueden asistir, por motivos personales u otros, lo hacen por videollamada. Esto no los exime de mantener una comunicación constante a través de un grupo de WhatsApp.

Otra traba menor es el financiamiento. No tienen. Cualquier gasto sale autofinanciado, o como dicen “nos pasamos el sombrero”. “Uno puso una pancarta, alguien puso la otra, otro pone la secretaría, el local es la oficina de Zobeida (Aragundi, una de las comisionadas). En este momento no hay financiamiento. Es básicamente puro esfuerzo”, comentó la coordinadora.

La Comisión local está dando sus primeros pasos. Define una agenda de temas que adelanta a EXPRESO: la elección de autoridades en la Universidad de Guayaquil, y la supuesta intromisión del Ejecutivo en la Justicia revelada en la filtración de correos electrónicos entre el expresidente Rafael Correa, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh y el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

Es una primera lista que puede cambiar dependiendo de la coyuntura y más aún en la actual. “Estamos en una montaña rusa en el que cada día sale algo nuevo. Es una especie de arena movediza que hasta para planificar tienes que pensar lo que saldrá mañana o lo que salió esa misma noche”, precisa Buendía.

Paralelamente hay otros temas no menos importantes como la situación del sistema hospitalario del que esperan información o, como ellos dicen, aguardar que personas venzan el miedo y denuncien.

Vocería y prevención están entre los mandatos

La Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Guayas, no solo tiene el mandato de seleccionar, analizar y denunciar casos de corrupción ante la Fiscalía, hay dos más: la vocería y la prevención.

La primera consiste en informar a la ciudadanía sobre las consecuencias de la corrupción en la sociedad, la importancia de combatirla y motivar a los ciudadanos a que denuncien ante las autoridades los supuestos casos de corrupción. ¿Por qué ante las autoridades y no ante la Comisión? Los comisionados están conscientes que la Fiscalía es el ente encargado de investigar este tipo de casos y que ellos, como comisión, surgen ante la desconfianza ciudadana al sistema judicial. “Eso no es una comisaría”, puntualiza Alberto Molina, comisionado de Guayas, quien reconoce que la falta de confianza en la justicia impulsa a ciudadanos a denunciar ante estos entes ciudadanos.

El aspecto de prevención complementa al primero, pero más enfocado a exponer prácticas para que los ciudadanos identifiquen y eviten caer en probables actos irregulares. El comisionado César Cárdenas recalcó que este aspecto también conlleva a reconocer las prácticas honestas.

La metodología para la vocería y los planes de prevención será definida en las próximas reuniones de la comisión. De momento, Cárdenas estará encargado del segundo aspecto por su cercanía y relación con el activismo ciudadano. Adelantó que la prevención tendrá un énfasis en los menores de edad y jóvenes.