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Los fiscales del país van a evaluación tras siete años

La Judicatura aprobó el reglamento para evaluar a más de 830 funcionarios de la Fiscalía. Para seguir en los cargos deben obtener más de 80 puntos.

Judicatura
Reglamento. El pleno del Consejo de la Judicatura aprobó el 27 de febrero un reglamento para la evaluación de más de 830 funcionarios.archivo

La última evaluación a los fiscales se realizó en 2013. Ahora, después de siete años, la Judicatura se prepara para evaluar a más de 830 fiscales de todo el país.

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El pleno del organismo aprobó el reglamento de evaluación de los funcionarios. Deben obtener más del 80 puntos sobre 100, para seguir en sus cargos.

Serán evaluados agentes fiscales, fiscales de adolescentes y provinciales. Se excluye a las máximas autoridades por estar sujetas al control político de la Asamblea.

El objetivo planteado por la Judicatura en su reglamento aprobado el 27 de febrero es evaluar el desempeño y la productividad de los fiscales a través de indicadores cuantitativos y cualitativos que tienen relación directa con su cargo.

La evaluación también apunta a determinar los niveles de calidad en el desempeño y productividad de los funcionarios para conformar equipos de trabajo eficientes en la investigación preprocesal y procesal penal.

Se mencionan como principios rectores a la igualdad, transparencia, publicidad, veracidad, independencia, autonomía, participación, imparcialidad y oportunidad.

Los responsables serán el pleno del Consejo, la Dirección General, la Dirección de Talento Humano, los tribunales evaluadores y los tribunales de reconsideración. Actuarán en apoyo siete dependencias de la Fiscalía.

Para revisar el desempeño de los fiscales se conformarán tribunales de evaluación que estarán integrados por dos representantes del Consejo y uno de la Fiscalía. Serán los que apoyen en la evaluación. La evaluación de desempeño y de productividad será individual, documental y articulada entre las variables con enfoque cualitativo y cuantitativo.

Los tribunales de reconsideración atenderán solicitudes de quienes impugnen los resultados. La información que se usará en el proceso provendrá de ocho fuentes. Entre ellas los audios de las audiencias en las que han actuado los evaluados, de los expedientes, de los documentos, informes, matrices de seguimiento, de expedientes personales, del sistema integrado de la actuación fiscal y de Talento Humano.

La Judicatura solicitará a la Contraloría información sobre declaraciones patrimoniales de bienes de inicio de gestión y periódicas. Los evaluados presentarán una declaración notariada de no tener bienes o dinero en paraísos fiscales.

Los que tengan más de 80 puntos podrán participar en los procesos de promoción de la carrera. Quien obtenga menos será evaluado de nuevo en tres meses y si mantiene la calificación deficiente será removido. En el reglamento se dispone que en 60 días se desarrollará un sistema informático para la ejecución del proceso de evaluación.

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El exfiscal y abogado litigante Raúl Rosero cree que la evaluación deber ser seria y no solo estadísticas. “Todos los fiscales deben tener causas represadas y eso no implica que no trabajan”, dijo.

Considera que en los tribunales evaluadores debería estar alguien que sepa, que haya sido fiscal, abogado litigante o juez.

“Poner en los tribunales a los teóricos que pasan dando cursos a fiscales y jueces, pero que en su vida han presentado un escrito o pasado una audiencia, no sirven para nada”, dijo.