“Cuando el río suena, piedras trae”, afirma el antiguo refrán, y en el caso del manejo de la justicia en el país, un informe de la Contraloría General del Estado podría verificar los rumores que seguían a los nombramientos de fiscales y otros funcionarios desde hace varios años; los concursos de selección estuvieron plagados de irregularidades.

EXPRESO tuvo acceso a un documento elaborado por la entidad y hecho público tras la solicitud de un acto administrativo aprobado por la Fiscalía del Guayas. Este analiza siete certámenes realizados entre 2010 y 2015 que sirvieron para seleccionar fiscales provinciales, asistentes de fiscalía, agentes de fiscalía y fiscales de Adolescentes Infractores.

El informe es claro; en los siete concursos revisados, nombramientos y cargos fueron otorgados a funcionarios que no obtuvieron los primeros puntajes, sino los segundos, terceros e incluso los quintos puestos.

Sucumbíos, Santa Elena, Cotopaxi, Guayas, Manabí; las anomalías se visibilizan en al menos diez provincias, donde un promedio de entre diez y sesenta funcionarios fueron seleccionados de esta manera en cada concurso.

El Consejo de la Judicatura, entidad administrativa responsable de la contratación del personal, defiende sus decisiones en el documento indicando que era la Fiscalía General del Estado la responsable de entregar los resultados de los concursos y los documentos de quienes iban a ingresar a los cargos. “Es responsabilidad de la Fiscalía remitir las listas del personal administrativo a ser nombrado...las listas debían ser veraces”, reitera la institución a través de varios funcionarios.

Para el asambleísta Esteban Bernal, quien ayer solicitó medidas cautelares para suspender el concurso de fiscales en curso (ver entrevista), la respuesta no deslinda a la entidad de responsabilidad alguna.

“Ellos tienen la responsabilidad administrativa de la selección, y ahí sí debían estar pendientes, no lavarse las manos”.

El documento también reitera que en las contrataciones se evidencia que ingresaron funcionarios que no constaban en el banco de elegibles (una “lista de espera” con postulantes que concursaron).

Pero quizás la acusación más grave es que en dos concursos, uno en 2012 y el otro en 2014, la puntuación mínima se redujo mientras estaban en curso, en lugar de ser declarados desiertos.

La reducción fue solicitada, en ambos casos, por la Fiscalía, aprobada por el entonces fiscal general Galo Chiriboga, y autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura.

Gustavo Jalkh, titular de esa entidad, negó que existieran irregularidades y defendió ciertas decisiones, entre ellas la reducción de puntos. “Se le explicó a la Contraloría que esto era beneficioso para que ingresaran más aspirantes a la Escuela Judicial”. Añadió que la entidad no había recibido el informe, que este repara en decisiones tomadas por la Fiscalía, ni la Judicatura y que el documento se hizo público por quienes “tienen mala intención”. Luego en horas de la tarde, este expresó en un comunicado que: “Los hechos hablarán por sí solos (...) obrando con seriedad, cada organismo actuará en el marco de sus competencias”.

La Contraloría estableció, en cambio, que el doumento fue remitido en 2016 y que de él se desprendieron “responsabilidades civiles por más de 3 millones 700 mil dólares y responsabilidades administrativas por más de 45 mil dólares y la destitución de 9 funcionarios”.

Denuncias ya rondaban la Judicatura

En octubre del año pasado el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) declaró inválido un pedido de juicio político contra Gustavo Jalkh, solicitado por la oposición. El CAL determinó que la evidencia presentada no demostraba que el funcionario había permitido la intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. Previo a esto, se filtró una serie de correos electrónicos entre Jalkh y el expresidente Rafael Correa, en el que ambos comentaban resoluciones de juicios, situación que reconocieron como verídica.

En febrero, la Fiscalía abrió un acto urgente para recabar información relativa a una posible acusación por tráfico de influencias contra el titular de esta cartera estatal. Esta continúa en curso. En marzo, en cambio, el asambleísta por CREO, César Carrión, interpuso una denuncia contra Jalkh por supuesto tráfico de influencias en la Unidad Judicial de San Cristóbal, Galápagos.

Esteban Bernal: asambleísta por Azuay de CREO

“Es una aberración a la justicia”

Se han registrado varios casos de informes que autoridades desmienten como falsos. ¿Cómo se verificó la veracidad de este?

Nos enteramos de la existencia del informe y, para acceder a él, interpusimos un acto administrativo en la Fiscalía del Guayas. Fue entregado por la Contraloría. Lo recibimos el lunes. Lo curioso es que aunque se aprobó en 2016, no se puede acceder a él en la página de la institución.

¿Considera que el informe prueba que hubo irregularidades en el manejo de la justicia?

Este informe demuestra lo que hemos afirmado, la metida de mano a la justicia. Aquí se demuestra que se nombraron funcionarios sin el puntaje correcto, que se modificaron las reglas de los concursos... El máximo responsable es el Consejo de la Judicatura. Es una aberración a la justicia.

¿Qué medidas se tomarán a raíz de las determinaciones que hace este documento?

Hoy (ayer) interpusimos un pedido de medidas cautelares para suspender el concurso de fiscales, porque no existe la seguridad de que será hecho con transparencia. Adicionalmente retomaremos el pedido de juicio político en contra de Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura.

Otras irregularidades

Contratos

El documento determina que 56 personas fueron contratadas bajo la modalidad de servicios ocasionales y que recibían el doble del sueldo aprobado en la legislación.

Documentos

489 funcionarios fueron contratados sin presentar la documentación necesaria que determinaba que se encontraban habilitados para trabajar en el sector público.