El Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía coordinan la labor de los fiscales para conocer y, de ser el caso, acusar en el marco de cualquier delito electoral que se cometa el próximo 2 de abril, día de la votación por la segunda vuelta. El presidente del Consejo, Juan Pablo Pozo, informó ayer en Guayaquil que está planificando esta labor junto con la Fiscalía para “estar listos en caso de que se cometa algún tipo de delito electoral”, sin precisar aún cuántos fiscales serán distribuidos y su metodología o logística.

El Código Integral Penal establece cuatro delitos contra los derechos de participación que son: obstaculización del proceso electoral, sustracción de papeletas electorales, falso sufragio y fraude electoral. Dependiendo del delito la sanción fluctúa entre los seis meses a los siete años de pena privativa de libertad y, en todos los casos, la pérdida de los derechos de participación por seis meses.

Pozo participó ayer de un diálogo con representantes de gremios profesionales y de universidades. Les explicó el proceso del 2 de abril y atendió sus dudas. Negó, por ejemplo, que cambiaran los recintos electorales en el exterior como circuló en redes sociales. También que exista un cambio significativo de los coordinadores de recintos y digitadores para la segunda vuelta. Adelantó que mañana tendrá una reunión de trabajo con el pleno del Consejo para analizar la información solicitada sobre los exit poll para contrastarla con los datos oficiales. “No podemos dejar que ningún exit poll se convierta en una herramienta de manipulación política hacia la ciudadanía”, dijo.

AAE