El tribunal de la Sala Penal de la Corte de Pichincha fijó para este jueves 7 de noviembre la audiencia de apelación de la prisión preventiva dictada por el presidente del organismo, Julio Arrieta, en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y de su asesor Christian González, por presunta rebelión en el contexto de las protestas de octubre.

Los jueces Mónica Bravo, Fabián Fabara y Anacélida Burbano —quien ya retornó de su licencia— fijaron para las 17:00 la audiencia de apelación. Sin embargo, el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, pidió diferimiento de la diligencia indicando que se han señalado audiencias privadas dentro de la instrucción fiscal abierta, el pasado 15 de octubre, tras la detención de Pabón.

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El primer señalamiento fue para este miércoles a las 09:00 y debe cumplirse hasta su culminación. La prefecta fue llevada al laboratorio de Criminalística para la apertura y extracción de la información contenida en los dispositivos incautados en los allanamientos que motivaron su detención.

El fiscal señaló que pide nuevo día y hora debido a la gran cantidad de indicios incautados en los allanamientos efectuados hasta el momento y, por el plazo de duración de la instrucción fiscal, es necesario practicarlas de manera ininterrumpida para obtener nuevos elementos que aporten al esclarecimiento de los hechos y que puedan evacuarse de manera oportuna.

Adjuntó copias de los impulsos en los que señaló las diligencias de Criminalística, los partes policiales e informes de inspección ocular en los que se detallan el número de indicios incautados y de los que se requiere el análisis o pericia pertinente.

El martes por la tarde el exasambleísta Virgilio Hernández se convirtió en el cuarto procesado en este caso. Él recibió prisión preventiva y prohibición de enajenar los bienes.

Fue llevado a la cárcel 4 tras la evaluación médica cumplida en Flagrancia. A su llegada a la audiencia de vinculación del martes señaló que no existían evidencias del supuesto ilícito y que se trataba de un montaje.

Su abogado, Ramiro Aguilar, habló también de la falta de elementos de convicción y que su vinculación se daba por unos tuits que había escrito y por chats de WhatsApp.

Sin embargo, el fiscal Santillán aseguró que había evidencia de que se había querido subvertir el orden constituido durante las manifestaciones de octubre que paralizaron el país y en las que se registraron saqueos y actos delincuenciales que los dirigentes indígenas atribuyeron a infiltrados.