Sesión. La fiscal Salazar (d) conversa con la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johanna Cedeño, previo al inicio de la comparecencia.

La fiscal Diana Salazar rebautiza al Arroz Verde

Es conocido como “sobornos 2012 - 2016”. La funcionaria explicó los avances del caso ante la Comisión de Fiscalización.

“No lo llamamos Arroz Verde, lo llamamos caso sobornos 2012-2016”. Así, sin dar espacios a los eufemismos, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, compareció ayer a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para ofrecer un avance de sus investigaciones sobre las denuncias de la fuente digital La Fuente con relación a una supuesta red de corrupción relacionada con los fondos de campaña de Alianza PAIS.

“Esto es una bien estructurada asociación para recibir dinero de personas privadas y luego beneficiarlas con contratos”, dijo Salazar y enumeró las diligencias emprendidas por su despacho: doscientos cincuenta y uno en total, incluyendo cinco audiencias, 168 requerimientos de información, 17 autorizaciones judiciales, 22 pericias, 13 allanamientos y la recepción de 48 versiones. Hasta el momento se ha dispuesto 18 cadenas de custodia para más de 200 evidencias, entre ellas los cuadernos y agendas (en plural, recalcó Salazar), de Pamela Martínez.

“Con nombres, fechas y cantidades”. Y la joya de la corona: el denominado archivo Arroz Verde que se encuentra bajo análisis y en el que constan los nombres completos de todos los implicados. El delito que se investiga es triple: cohecho, tráfico de influencias y asociación para delinquir.

Salazar dedicó buena parte de su comparecencia para criticar la actuación de los jueces Édgar Flores y Luis Enrique Villacreces que el pasado 3 de junio, dejaron sin efecto la orden de prisión preventiva que pesaba sobre el exsecretario presidencial Alexis Mera y se la cambiaron por arresto domiciliario. La orden fue ratificada por la jueza Daniela Camacho, el 19 de junio, porque los elementos originales de la investigación se habían agravado.

Fiscalía trató de ser escuchada por esos jueces y presentar un recurso oral en esa misma audiencia, pero resulta que no le dieron la palabra. Los jueces se levantaron y se fueron”, relató Salazar. Insistió en que ninguna de las tres condiciones establecidas por la Ley para el arresto domiciliario se aplica para el caso de Mera: que el procesado sea una mujer embarazada, que tenga más de 65 años o que padezca una enfermedad catastrófica incurable y terminal. “Habría que ver si Alexis Mera está gravemente enfermo, tiene más de 60 años o estará embarazado”, bromeó la Fiscalía.

La comisión de Fiscalización aprobó una moción propuesta por Eliseo Azuero para llamar a comparecer al pleno del Consejo de la Judicatura para que explique si han emprendido alguna acción contra los jueces Flores y Villacreces por su actuación en el caso. La comisión tiene plazo hasta el 29 de julio para emitir su informe final sobre Arroz Verde.

El contexto

El caso Arroz Verde destapó una red de aportes supuestamente ilegales a las campañas electorales del movimiento Alianza PAIS. Varias empresas, a las que luego le fueron adjudicados contratos, están en la lista de aportantes de recursos, entre ellas la cuestionada Odebrecht.

Mae Montaño

“A la salud la dejaron en crisis”

La asambleísta Mae Montaño, sustentó las acusaciones en contra de la exministra de Salud Pública, Verónica Espinosa.

Afirmó que durante el proceso se ha podido evidenciar las fallas que se presentaron en las pruebas de VIH, en las cuales se daba resultados cambiados a los pacientes, así como miles de medicamentos se encuentran caducados y embodegados en el propio Ministerio de Salud y otras entidades adscritas.

“Espinosa conocía el sistema, era funcionaria por varios años y nunca dio respuesta a las exigencias de la sociedad. Su omisión ha llevado a una crisis profunda al sector salud”, enfatizó.

Mientras tanto en la mañana, la Comisión cumplió una diligencia en las bodegas del Ministerio de Salud para verificar las denuncias. En la diligencia participó la actual ministra (e), Carolina Andramuño.

El detalle

251 diligencias: 48 versiones, 17 autorizaciones judiciales, 5 audiencias, 168 instituciones a las que se han requerido información, y 13 allanamientos.