Una protesta de ciudadanos que rechazaba al alcalde de Quito Jorge Yunda y exigía su renuncia, precedió la audiencia preparatoria de juicio que instaló el presidente de la Corte de Pichincha Wladimir Jhayya, en contra de 14 personas.

“Preso Yunda preso”, repetía una veintena de personas que hizo un plantón en los exteriores de la Corte de Pichincha. Portaron pancartas, carteles, pitos y sartenes con cucharas para provocar ruido y llamar la atención. Mientras tanto, en el cuarto piso del edificio de la Corte, el juez Jhayya instalaba la audiencia por posible peculado.

La diligencia fue exclusivamente telemática. Jhaya en la sala de audiencias, el fiscal Alberto Santillán en su despacho de la Fiscalía provincial y los defensores en sus oficinas.

En la primera parte, los abogados expusieron sus alegatos pidiendo la nulidad del proceso. Entre otras cosas, por posible indefensión para sus clientes. Acusaban a la Fiscalía de no permitirles acceder al expediente o no dar paso a sus pedidos de peritajes.

Pero el fiscal Santillán negó las aseveraciones y cuestionó que muchos pedidos se presentaron al cierre de la instrucción, precisamente con el afán de ocasionar incidentes.

El juez Jhayya escuchó a todos y se retiró a deliberar. Regresó con una resolución: declarar la validez del proceso y dar paso al anuncio del dictamen para los 14 sospechosos. Luego declaró un receso.

El abogado Juan Pablo Albán, defensor de Yunda, lamentó que pese a los argumentos expuestos por tres defensores sobre vicios que pudieran comprometer la causa, Jhayya no dio paso. Dijo que las defensas esperan que en la segunda parte de la audiencia el presidente de la Corte garantice el debido equilibrio.

Pablo Encalada, defensor de Enrique Bucheli, miembro de la Comisión Técnica, expresó que la Fiscalía solo se ha concentrado en la ejecución del contrato, en la recepción de las pruebas y en la validez de las mismas. Indicó que su cliente solo participó de la fase precontractual. Él solicitó pruebas PCR para detección de COVID y Salumed ofreció esas pruebas. ¿Qué entregaron, y sí sirvieron o no?, ya no es competencia de mi cliente, dijo.

A las 14:00 inició la sustentación del dictamen. Santillán empezó individualizando a los procesados. Entre ellos el alcalde Jorge Yunda, el exsecretario de Salud Lenin Mantilla, la secretaria actual Ximena Abarca y la asesora técnica Linda Guamán. Son 13 funcionarios del Municipio y un empresario.

Todos son acusados de presuntas anomalías en el contrato por 4,2 millones de dólares para la compra de los insumos entre la Secretaría de Salud y Salumed. El fiscal señaló a Salumed por no entregar pruebas PCR-Polimerasa para detectar COVID-19, sino las Isopollo con tecnología RT-Lamp.

Lo que implicaba una diferencia en la sensibilidad y especificidad para detectar el virus. Agregó que la empresa no cumplió con el objeto del contrato y los investigados, a pesar de eso, recibieron el producto y lo utilizaron en la pandemia.

Señaló que, a pesar del incumplimiento, el contrato finalizó por mutuo acuerdo cuando debía aplicarse la terminación unilateral para la ejecución de garantías. Eso habría provocado una aparente disposición arbitraria de fondos y un perjuicio al dinero municipal.

En abril de 2020, la Secretaría de Salud anunció la adquisición a Corea de 100.000 pruebas PCR para detectar el virus. Al término de su exposición, el fiscal debe determinar en qué calidad acusa a los sospechosos y anunciar las pruebas que presentará en caso de un eventual juicio.

Acusación

Señalamiento para yunda

En la acusación, el fiscal Alberto Santillán citó los elementos para culpar a Yunda. La declaratoria de emergencia sanitaria, la delegación de la contratación a Secretaría de Salud, la disposición a Lenin Mantilla de mantenerlo informado y un chat con Ximena Abarca y Linda Guamán.

El detalle

Chats. Un informe pericial evidenció la aparente intervención de Sebastián, el hijo del alcalde, en asuntos, negocios y proyectos del Municipio capitalino.