Han pasado 93 días desde que el narcoterrorismo envió su primer mensaje de amenaza a Ecuador, con un coche bomba frente a un cuartel policial en San Lorenzo, y aún se atribuyen los múltiples ataques y los dos secuestros a un “supuesto Guacho”. Ese calificativo es el que usó el entonces ministro, César Navas, y los mandos policiales para dar detalles sobre la negociación fallida que se había llevado en el primer secuestro, el que terminó con la muerte de los tres trabajadores de El Comercio.

La falta de certeza absoluta sobre quiénes son los responsables de los repetidos ataques que acechan desde enero a la tranquilidad nacional es una de las lagunas en la gestión gubernamental que heredan los nuevos ministros de Defensa e Interior, Oswaldo Jarrín y Mauro Toscanini, respectivamente.

Los recién llegados no han tenido tiempo de posesionarse, desde su designación el viernes pasado, pero ya ha habido dos acontecimientos relacionados con la actividad delictiva y violenta, que dejan en evidencia la desincronización de las decisiones del Gobierno con las necesidades operativas en el conflicto fronterizo.

Nuevo comunicado.

1. Ninguna fuente oficial, ni los ministros recién designados confirmaron o desmintieron el comunicado que circuló ayer desde Colombia en el que el Frente Oliver Sinisterra propone a Ecuador un cese al fuego temporal para abrir un canal humanitario y entregar los cadáveres de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas al Estado ecuatoriano y que sus familiares puedan cerrar el ciclo del dolor. Las nuevas autoridades aplazaron hasta un nombramiento oficial cualquier pronunciamiento y la Secretaría de Comunicación indicó que no habría información oficial en tanto se verificaba la autenticidad del documento. Hasta el cierre de esta edición no llegó el dato oficial.

Desfase informativo

2. Desde el secuestro de los dos periodistas y el conductor, la información gubernamental ha experimentado vacíos de varios días, casi semanas, y retrasos ante eventos fortuitos, sin mayor explicación que la prudencia. El presidente, Lenín Moreno, con la fotografía de los cuerpos en mano, dispuso un plazo de 12 horas para que se concediera una prueba de vida que nunca llegó, antes de confirmar la muerte de los tres civiles. Después, no se justificó en qué indicio se apoyaba la espera de una prueba de vida. Tampoco ha habido pronunciamiento presidencial, tras agotarse sin noticia alguna o prueba de vida adicional, el ultimátum de 10 días a los secuestradores de la pareja de Santo Domingo, Óscar Villacís y Katty Velasco.

El rol de la cruz roja.

3. La vida de Paúl, Efraín y Javier aún estaba en juego cuando surgió la posibilidad de una intermediación de Cruz Roja, para garantizar las condiciones humanitarias del cautiverio. Pese al paso de los días, no se concretó hasta que fue demasiado tarde. Uno de los familiares comentó en EXPRESO, con rostro de incomprensión, que no podía compartir los detalles sobre por qué se retrasaba esa mediación. Después, la misión de recuperar los cadáveres se interrumpió por la reacción ofensiva militar del país.

Métodos de secuestro

4. Si hay testigo o registro de cómo se produjeron los dos secuestros de civiles, esa es una información no desvelada oficialmente. Según se ha comunicado, las autoridades no conocen los detalles de los dos raptos, ni el momento, ni el lugar exacto ni qué hacían en la zona. De los periodistas, solo avisaron que habían encontrado chalecos antibalas en su camioneta, sin dar una hipótesis sobre lo ocurrido.

Transparencia.

5. El presidente prometió transparencia y capacidad de admitir errores, si así eran señalados, pero esa misión aún no rinde resultados y los familiares insisten en conocer los detalles de la negociación. No se han desclasificado los puntos de la negociación.

Cercanía a colombia

6. El discurso de la colaboración con el país vecino, para rescatar a los secuestrados, investigar los hechos y detener a los responsables, ha ido desmontándose con las filtraciones de información desde el Gobierno y los medios colombianos. Y llegó al punto de quiebre cuando el presidente Moreno, en entrevista a medios colombianos (nunca concedió una a medios nacionales), puso fin al rol de garante de Ecuador en las conversaciones con el ELN. Sin que Santos hubiese sido avisado, por vía diplomática, con anterioridad y sin que la canciller diese explicación alguna sobre el incumplimiento de la orden que Moreno le había encomendado.

“Dan órdenes desde las cárceles”

El expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, destituido por un audio donde planeaba “bajarse” al fiscal general, publicó ayer un mensaje en redes sociales sobre dónde debería apuntar el control de la seguridad. “Alias Guacho libre y ola de pánico de bombas en el país... Lo primero que debemos hacer es retomar el control de las cárceles, desde ahí están dando ‘órdenes’ nuevamente”, escribió el también exministro de Interior, tras “una semana más sin noticias” de los secuestrados y de los cuerpos.