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Femicidios en Ecuador: más de la mitad están sin resolver desde el 2014

Los procesos para judicializar asesinatos de mujeres a manos de un hombre suelen estancarse en la Fiscalía, según abogados defensores

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Madre de Lisbeth Baquerizo. La joven fue asesinada por su esposo el pasado 21 de diciembre.Miguel Canales/EXPRESO

En los primeros días en que Katty Muñoz buscaba justicia por el asesinato de su amada hija, conoció a otras madres que habían padecido su misma tristeza e indignación. Algunas de ellas le comentaron que en ese rastreo de lograr una pena para los victimarios, llevaban 5, 6 y hasta 10 años sin avanzar. Incluso, que hasta el plazo de investigación había caducado y que les tocó acudir a instancias internacionales para continuar con su lucha.

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“La que me dijo que llevaba 10 años intentando hacer justicia por su hija, 'me mató'. Desde ahí yo decidí ser otra mujer, lanzarme a la calle, gritar, alzar mi voz y protestar todos los días hasta que tenga vida”, cuenta la guayaquileña a EXPRESO. Ella es madre de Lisbeth Baquerizo, quien fue asesinada el pasado 21 de diciembre de 2020.

El femicidio de Lisbeth es uno de los más recientes y mediáticos. Tenía 30 años cuando fue asesinada en su domicilio días antes de Navidad, en la urbanización Puerto Azul de Guayaquil, con golpes en la cabeza. Las heridas profundas en su cráneo fueron cubiertas con pegamento, para maquillar el homicidio. Las pruebas señalan como responsable a quien era su esposo, Luis Hermida, ahora prófugo de la justicia.

453 casos de femicidios registra la Fiscalía General de Ecuador desde el 10 de agosto de 2014.

“Nuestro caso se estancó en la Fiscalía. Me di cuenta que, ahí, la corrupción atrofia todo el proceso y que solo las personas que tienen dinero pueden ver avanzar su caso. El fiscal es todo: si él no mueve un dedo, no se hace nada. Nosotros teníamos elementos de convicción: el cadáver de nuestra hija; la documentación falsa que decía que ella había muerto por causas naturales; y un testigo, pero la Fiscalía omitió todo eso”, detalla Katty.

El de Baquerizo es uno de los 453 casos de femicidios que registra la Fiscalía General de Ecuador desde el 10 de agosto de 2014 (cuando este delito fue tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) hasta el 31 de enero de 2021. Y es uno de los 230, del total, que siguen sin resolverse, según datos oficiales publicados por esa institución en sus plataformas.

De los 453 casos, 223 obtuvieron sentencia, es decir menos de la mitad. De ellos, 173 tienen  sentencia condenatoria y 14 fueron archivados por no hallarse las pruebas suficientes para culpar al responsable en el plazo de dos años que dura la investigación previa, como lo establece la ley.

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El doctor en leyes y jurista guayaquileño, Héctor Vanegas, quien ha llevado la defensa de las víctimas en tres casos de femicidios, (entre ellos el mediático caso Sharon, que marcó el inicio de una lucha fuerte por parte de los colectivos feministas, contra los homicidios en Ecuador), explica que aunque en los últimos cinco años se han agilizado los procesos para hacer justicia en este delito, sigue habiendo un retraso atribuible a la Fiscalía ecuatoriana.

“Aunque la justicia le ha dado más importancia a los casos de femicidios, la demora sigue siendo en la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene que cumplir con un proceso investigativo y cuando no está claro no puede incriminar a dedo”, explica.

“No toda muerte de una mujer es femicidio. El femicidio tiene que tener ciertas características como relación de poder, sometimiento y violencia, previa al crimen; si no, es un asesinato, no femicidio”.

Héctor Vanegas

Pero no es el único que ve que la mayoría de casos se estancan ahí, en la Fiscalía, como lo dice Katty. El también máster en leyes, penalista y catedrático, Santiago Sánchez, coincide con Vanegas y menciona que en la investigación previa, que es el primer paso del proceso para hacer justicia, el fiscal tiene que evacuar un abanico de diligencias, que van desde informes, reconocimiento de los hechos, verificación de vestigios, revisión de cámaras de seguridad, entre otros.

“El proceso se demora en la Fiscalía, porque el fiscal despacha de acuerdo a lo que el abogado de la víctima presenta. Además la Fiscalía tiene un sinnúmero de casos y no puede abarcar rápido todo; el personal no se abastece. Las pericias suelen demorar 30, 45 y hasta 60 días, dependiendo de la carga laboral del perito. Y luego el femicida empieza a dilatar las versiones y lo convocan uno, dos y tres veces. Después que se enfermó él o que se enfermó el abogado y se alarga el proceso. Así se puede llegar a los dos años y ahí el defensor del victimario pide que por ley, se archive la causa”, explica.

Sin embargo, agilizar el proceso también depende de la otra orilla: del fiscal, dice el especialista. Si el funcionario que representa a la Fiscalía, es rápido y objetivo, en 6 meses ya se podría instalar una audiencia de formulación de cargos.

“Nuestro sistema es el que hace que los procesos se retarden tanto en Fiscalía como en los órganos auxiliares como Policía Judicial, Criminalística, pericia, etc”, enumera. El proceso también se estanca, lamentablemente, menciona Sánchez, cuando la familia de la víctima es de escasos recursos y no tiene dinero para contratar a un abogado y debe esperar la voluntad del fiscal o el secretario que quiera impulsar el proceso.

Para aligerar la causa, según el criterio del jurista, se necesita una reforma al Código Orgánico Integral Penal, encaminada a acortar el plazo de dos años para la investigación previa. Lo que hará que el funcionario, fiscal, perito y más, trabajen a un ritmo más acelerado. 

“Los abogados, cuando asumen una defensa, manejan los tiempos y plazos. Es como cuando tenemos prisa por llegar a un lugar, aceleramos nuestro carro; pero si no hay prisa, conducimos con paciencia y de forma pausada. Eso ocurre en el proceso”, añade.

El artículo 141 del COIP establece una pena de 22 hasta 26 años de privación de libertad para quienes cometen femicidio.
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Vanegas hace un análisis de las cifras. “Se refleja un crecimiento exagerado de este tipo de muertes que, aumentó, paradógicamente, a causa de la pandemia de la covid-19, cuando, por el aislamiento domiciliario, las víctimas se vieron obligadas a permanecer más tiempo junto a los victimarios”.

Y es así. Los registros de la Fiscalía muestran que ha habido un aumento progresivo de casos en los últimos tres años. En 2018 hubo 59 casos de femicidios; en 2019 hubo 66 y el 2020 cerró con 80. Este último solo fue inferior a los 101 casos que se registraron en 2017. Lo que quiere decir que, pese a que cada año hay más organizaciones enfocadas a la protección de la mujer y que los colectivos feministas se expanden, también los asesinatos machistas aumentan.

“El femicidio es un tipo penal que se refiere al asesinato de una mujer por su condición de mujer o por su género”.

Héctor Vanegas

¿Qué dice la Fiscalía al respecto?

La fiscal de la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía del Guayas, Yoli Pinillo, reconoce a EXPRESO que la mayoría de casos de femicidios resueltos son aquellos en los que los victimarios han sido aprehendidos en 24 horas después de cometer el asesinato. Explica además que, en términos generales, los casos que aparecen como no resueltos no significan que están cerrados, sino que están pausados porque los asesinos están prófugos o porque están en espera de audiencia o porque el proceso está en sus inicios como en la investigación previa.

La fiscal menciona que los procesos no van al ritmo deseado de los familiares y fiscales porque “primero hay una serie de diligencias que se tienen que hacer, que conllevan información técnica científica y que no se hacen ni en un día ni en un mes”. Y, específicamente, en los casos de femicidio se necesita tener pruebas extras que indiquen que el asesinato se dio por ser mujer, pruebas como denuncias previas por maltrato.

Sin embargo, como lo dicen los expertos consultados, Pinillo también reconoce que la cantidad de personal para resolver los casos es insuficiente. Y que, de hecho, hay una sobrecarga laboral. Es por eso, indica, que se le da prioridad a los casos más próximos a caducar.

“De lo que sí se está muy pendiente, tanto Fiscalía como Judicatura, es que se haga la audiencia antes de la caducidad de la prisión preventiva, porque eso sí significa que quedaría en impunidad el delito”, añade.

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Y es que además de la sobrecarga, dice Pinillo, hay tiempos que deben respetarse como vacaciones y feriados, por los que se pausan aún más las causas. Por ejemplo, por la pandemia, estuvieron suspendidos los plazos por algunos meses. 

Pinillo añade que los familiares de las víctimas de femicidios no se chocan contra la burocracia, sino que los funcionarios trabajan apegados a la ley. “Es la norma y es clara. La norma indica, por ejemplo, que si una persona está prófuga, la causa queda en suspenso hasta que sea detenida. No es porque nosotros queremos, es lo que dice la norma y las leyes las hacen los asambleístas, no nosotros. Para evitar que fenezcan las causas nos toca trabajar, a veces, hasta fines de semana de descanso”, detalla.

“Tenemos otra fiscal que está haciendo todo lo que no hicieron antes, porque estuvimos un mes sin investigadores. La nueva fiscal creo que es la respuesta a tantas oraciones y lágrimas”.

Katty Muñoz