
Federación indígena del Azuay denuncia nueva presión minera y consulta del Gobierno
La FOA advierte que la consulta popular del Gobierno podría eliminar derechos ambientales y de las comunidades
Han pasado más de 30 días desde la multitudinaria jornada del 16 de septiembre, cuando cientos de personas se movilizaron por las calles de Cuenca para rechazar la minería en Kimsakocha, en la provincia del Azuay. Aquel día, las consignas en defensa del agua y la vida marcaron una de las expresiones colectivas más grandes de los últimos años en el sur del país.
Desde entonces, el movimiento social no se ha detenido. La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) aseguró que “no hemos descansado ni lo haremos, hasta que se cumpla la cancelación definitiva de todas las concesiones mineras otorgadas a espaldas de la voluntad popular”.
Preocupación por la consulta impulsada por el Gobierno
Aunque el Ministerio del Ambiente revocó la licencia ambiental del proyecto minero, la FOA considera que la medida “no es suficiente”. Según la organización, la consulta popular planteada por el Ejecutivo podría abrir paso a cambios constitucionales regresivos que afecten los derechos conquistados por las comunidades.
La federación advirtió que esa consulta busca “eliminar derechos fundamentales” relacionados con la naturaleza, la consulta previa y los mecanismos de protección ambiental. Por eso, el colectivo anunció que hará campaña por el NO, en defensa de la vida, la soberanía territorial y la democracia desde las bases.
Cuestionamientos a la decisión de la Fiscalía
La FOA también se pronunció sobre el archivo de la investigación contra el presidente Daniel Noboa, la primera dama Lavinia Valbonesi y directivos de Dundee Precious Metals, por presunto tráfico de influencias. La organización expresó su preocupación por la falta de fiscalización a posibles conflictos de interés.
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“No aceptamos impunidad. La justicia no puede estar al servicio de los intereses extractivistas”, enfatizó la federación. Los dirigentes indígenas consideran que esta decisión representa un retroceso en la búsqueda de transparencia frente a los proyectos mineros que afectan a la región del Azuay.
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