La ceremonia religiosa se realizará en una iglesia de San Bartolo,  en el sur de Quito. Piden justicia por la muerte del chico, de 29 años.

Familiares de fallecido en paro nacional conmemoran un mes de su muerte

La ceremonia religiosa se realizará en una iglesia de San Bartolo, en el sur de Quito. Piden justicia por la muerte del chico, de 29 años.

Tres días después de que se cumpliera un mes de la muerte de Édison Mosquera, sus padres ofrecerán esta tarde (16 de noviembre) una misa de honras. Fue en octubre pasado, cuando el muchacho, de 29 años, fue herido durante el paro nacional.

Ese 7 de octubre, salió de su casa, ubicada en La Argelia, en el sur de Quito. Había conseguido un trabajo temporal en el Valle. Sin embargo, a las 23:00 su madre recibió una llamada telefónica sobre lo ocurrido con su único hijo varón.

De inmediato, la familia se trasladó a una casa de salud del sur de la ciudad. Allí, Mosquera estaba sumamente grave, ya que una bala se había alojado en medio de su cerebro. “Tenía el 50 por ciento destrozado”, precisó la progenitora.

Siete días más tarde (13 de octubre), y debido a las complicaciones, Édison falleció. El certificado de defunción refiere que la causa de muerte fue: “traumatismo craneoencefálico por paso y penetración de proyectil de arma de fuego”.

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Hoy, sus parientes piden justicia para que se aclare lo ocurrido en Cumandá, centro de Quito, donde el chico exigía, de forma pacífica, que se respete sus derechos. Según su hermana, la bala que le causó la muerte era de goma y salió de un arma de la Policía.

Durante la ceremonia religiosa de esta tarde, que se realizará en la iglesia del Espiritu Santo, en el sector de San Bartolo, su familia recordará al chico, quien dejó en la orfandad a sus dos gemelos.

Pero el dolor de esa familia por la pérdida de un ser querido, no es el único. Según la Defensoría del Pueblo, durante el paro nacional, hubo ocho fallecidos entre dirigentes indígenas y civiles, 1.340 heridos y 1.192 detenidos.

En una diligencia realizada esta semana y pese a los argumentos expuestos por Fiscalía, una jueza ordenó la liberación de detenidos por actos violentos ocurridos en el edificio de Contraloría, durante las manifestaciones.

Ahora, se reformularon cargos por sabotaje, paralización de servicio público y destrucción de registros públicos.

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