Por falta de notificación se anula el caso de peculado en la Empresa de Agua de Quito
La Fiscalía investigó anomalías en la adquisición de trajes, monogafas y mascarillas en esa empresa. El caso regresa a instrucción fiscal
Una falla del sistema judicial por la falta de notificación a una de las procesadas por presunto peculado, en el caso de la adquisición de monogafas y trajes para la Empresa Metropolitanta de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), provocó la declaratoria de su nulidad.
El caso regresa a instrucción fiscal, a los últimos 22 días. La resolución fue adoptada este martes 24 de febrero en el Complejo Judicial Norte durante la audiencia preparatoria de juicio en contra del exgerente de la Epmaps Guido Andrade y otros sospechosos del posible ilícito.
Paúl Ocaña defiende al administrador del contrato. Indicó que la jueza Ana Guerrón declaró la nulidad del caso por la falta de notificación a la representante legal de la empresa Silverti. La decisión de la jueza se dio en la primera parte de la audiencia y dispuso que el proceso regrese a 22 días antes de la conclusión de la instrucción fiscal.
Ocaña aseguró que en el caso de la adquisición de monogafas, trajes y mascarillas, efectuada durante la emergencia sanitaria en 2019, Epmaps pagó el 50 % y recibió el 100 % de la adquisición programada. Para el defensor no existe ningún perjuicio y en el caso de su cliente lo único que hizo es ejecutar lo que está en el contrato.
El defensor reiteró que la alegación de uno de los defensores fue la falta de notificación y eso vulneraba el derecho a la defensa, circunstancia que incidió en la resolución. El de la Epmaps es uno de los casos en los que se habrían registrado irregularidades en compras emergentes durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Lo confirmó la Contraloría con un informe que estableció indicios de responsabilidad penal.
La investigación derivó de uno de los dos informes de Contraloría en esa empresa municipal. El organismo de control examinó la adquisición de equipo de protección para los funcionarios de esa dependencia. Por ese caso fue apresado el exgerente Guido Andrade y cuatro personas más a inicios de junio.
Los auditores establecieron que el precio referencial para la compra de mascarillas, gafas de protección y trajes de bioseguridad se fundamentó en tres ofertas y no mediante la búsqueda de precios en el portal de Compras Públicas. Pero eso no era todo. Las firmas convocadas a presentar sus proformas habrían estado relacionadas entre sí o mediante sus accionistas.
El contrato fue por 167.920. La ganadora fue Silverti, firma señalada en un caso de posible peculado por la adquisición de bolsas de cadáveres en el hospital IESS de Los Ceibos, en Guayaquil.
En otro caso que involucra a una empresa municipal, la Secretaría de Salud, la Fiscalía vinculó al alcalde Jorge Yunda en un expediente por posible peculado seguido en contra del exsecretario de Salud, Lenin Mantilla. Yunda debe presentarse periodicamente ante el juez, no puede salir del país y usa dispositivo electrónico.
