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La investigación por peculado en la Empresa de Agua de Quito, a audiencia

La Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal

EPMAPS
Diligencia. En junio la Fiscalía allanó las oficinas de la Epmaps de Quito.Cortesía fiscalía

El próximo 18 de enero, a las 09:00, se instalará la audiencia preparatoria de juicio por presunto peculado en la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) del Municipio de Quito, registrado en una contratación efectuada durante la pandemia por COVID-19.

Hay cinco sospechosos que recibirán dictamen acusatorio de la Fiscalía. Las posibles anomalías apuntan al exgerente de la Epmaps Guido Andrade, Astrid Aguirre, Mateo Alarcón, Óscar Molina y Sandra Ortega.

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Para dos sospechosos que también fueron investigados no habrá acusación fiscal. El dictamen abstentivo fue ratificado por la Fiscalía de Pichincha para Juan Carlos Ayala y Adrián Argudo.

Este es uno de los casos que involucran a la Epmaps en los que se habrían registrado irregularidades en compras emergentes durante la emergencia sanitaria. Lo confirmó la Contraloría con un informe que estableció indicios de responsabilidad penal.

El Municipio de Quito tiene un informe de Contraloría.

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La audiencia se desarrollará en el cuarto piso del Complejo Judicial Norte, en la Unidad Judicial Penal. La jueza encargada Verónica Medina advirtió a las partes procesales que de no comparecer los abogados particulares de las partes se instalará la audiencia con la Defensoría Pública.

Además previno a las partes y abogados que en caso de pretender dilatar la audiencia vulnerando el principio de buena fe y lealtad procesal o en caso de no comparecer a la audiencia habrá sanciones.

La investigación derivó de uno de los dos informes emitidos por la Contraloría en esa empresa del Municipio capitalino. El organismo de control examinó la adquisición de equipo de protección para los funcionarios de esa dependencia municipal.

Por ese caso fue apresado el exgerente Guido Andrade y cuatro personas más a inicios de junio. Andrade recibió sustitución de medidas.

Los auditores establecieron que el precio referencial para la compra de mascarillas, gafas de protección y trajes de bioseguridad se fundamentó en tres ofertas y no mediante la búsqueda de precios en el portal de Compras Públicas. Pero eso no era todo. Las firmas convocadas a presentar sus proformas habrían estado relacionadas entre sí o mediante sus accionistas.

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El contrato fue por 167.920. La ganadora fue Silverti, compañía involucrada en un caso de posible peculado por la adquisición de bolsas de cadáveres en el hospital IESS de Los Ceibos, en Guayaquil. La Fiscalía también investiga al exgerente de la Secretaría de Salud, Lenín Mantilla, y otros, por presunto peculado en la compra de 100.000 pruebas PCR con aparente sobreprecio. 

La cifra

5 sospechosos fueron investigados por presunto peculado en la compra de equipos para la Epmaps.