En al menos 43 concesiones mineras de la provincia de Napo no se levantaron informes técnicos sobre sus pasivos ambientales. La omisión de las autoridades de control pudo provocar problemas ambientales, señala la Contraloría General del Estado.

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Estas irregularidades fueron detectadas por la Contraloría General del Estado de control en su examen especial a las concesiones mineras metálicas en la provincia de Napo, desde enero de 2019 hasta septiembre de 2022.

Según la auditoría, 43 concesiones mineras de la provincia no elaboraron informes técnicos sobre sus pasivos ambientales, generando incertidumbre de su tipo, si la actividad extractiva modificó la composición química del suelo o si afectaron los cuerpos hídricos y la fauna del lugar de la explotación minera.

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La autoridad de control también halló que 58 titulares mineros no tenían el certificado de eventual afectación a cuerpos de agua superficial y/o subterránea. Asimismo, que 12 de ellos no estaban registrados en el Sistema Único de Información Ambiental.

Por otro lado, según el examen especial, entre 2019 y 2022,  la Agencia de Regulación y Control Minero no inspeccionó a 10 de las 32 concesiones registradas en el Catastro Nacional Minero. Además de no haber revisado a 16 pequeños mineros.

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De los pequeños mineros y concesiones que sí fueron inspeccionadas, la Contraloría halló que sí se informaron de novedades (como falta de licencia ambiental, falta del certificado de eventual afectación a los recursos hídricos). Sin embargo, la falta de un funcionario hizo que no se pueda emitir el informe técnico legal para proceder con las sanciones.

Del mismo modo, la falta de especialistas económicos hizo que no se revisen 108 informes de producción, por lo que no se pudo verificar detalles de las actividades. Además, no se inició el proceso sancionatorio contra 12 concesiones por la falta de documentación.

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La Contraloría también halló que la ausencia de personal en la Agencia de Regulación y Control Minero impidió iniciar procesos de caducidad en contra de 13 concesionarios que entre 2019 y 2022 no pagaron las patentes por conservación.

Además, la Agencia tampoco inició acciones administrativas en contra de seis concesiones que no tuvieron planes de acción y determinación de daño ambiental. En esas zonas se identificaron frentes sin rehabilitar, frentes de explotación abandonados, acumulación de agua sin tratamiento, áreas no reforestadas y actividades mineras antitécnicas.

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