El discurso se endurece mientras la estrategia de atención está en construcción. La respuesta estatal a los casos de abuso sexual en el entorno escolar se trabaja desde diferentes frentes.

La Fiscalía y el Ministerio de Educación con el apoyo de Unicef, por ejemplo, alistan dos protocolos de intervención. El primero, la escucha especializada para atender a los niños víctimas de abusos. Y, el segundo, la entrevista forense que se aplicará en la etapa de investigación.

La expectativa de las instituciones involucradas es que, hasta fin de año, los dos protocolos estén listos para su aplicación. Unas 120 personas serán capacitadas. Allí estarán sicólogos, consejeros escolares, jueces y fiscales, entre otros.

Fander Falconí, ministro de Educación, insistió ayer en que “es el momento de cero tolerancia, es el momento de limpiar la basura del país”. Lo dijo tras asegurar que los casos de abusos sexuales –al menos 882 contabilizados, hasta el momento– involucran a un reducido grupo de “delincuentes”.

¿En qué consisten los protocolos anunciados? La escucha especializada, explicó Carla Suárez, delegada de la Fiscalía, permite dar valor a la palabra del niño y tomarla en cuenta en el proceso judicial. Esto es crucial porque en la mayoría de los casos de abuso sexual, los únicos testigos son la víctima y el abusador. El niño está claramente en desventaja por su condición vulnerable, explicó.

La entrevista forense, en cambio, se aplicará en el seguimiento de la investigación. Consistirá en una serie de preguntas más detalladas para saber qué pasó, pero en un espacio de protección a los niños.

Estas medidas se sumarán a las otras anunciadas por el Gobierno como la prueba psicométrica que se tomará a todos los docentes en un plazo de 45 días. Joaquín González-Alemán, representante de Unicef en Ecuador, coincidió con otros especialistas en que la prueba, por sí sola, podría no ser suficiente, pero aseguró que “es importante que se hagan porque es un elemento más para evitar estos casos”.

Defensor público pide declaratoria de emergencia

La investigación por los casos de abuso sigue en la Asamblea. Ayer, hubo un pedido concreto: el defensor público, Patricio Pazmiño, criticó el sistema educativo y pidió al presidente Lenín Moreno que declare el estado de emergencia en el sector.

Lo dijo en su comparecencia en la Comisión ocasional Ampetra.

Pazmiño cree que, además de prevención de la violencia en los planteles educativos, debe haber una auditoría de los procesos de selección de profesores, sobre todo, porque las últimas denuncias los señalan como responsables.

“Capacitación y herramientas técnicas para los operadores de la justicia que atienden casos de violencia”, sugirió.

La presidenta de la Comisión, Silvia Salgado, aliada de PAIS, cree que se debe considerar la posibilidad de crear un Consejo de Estado para actualizar el tratamiento de este tema empezando por la declaratoria de emergencia. RRG