La extradición por narcotráfico aparece en el debate nacional
Expertos explican que se debe impulsar una enmienda a la Constitución. Sin embargo, el combate contra el crimen organizado requiere de otras reformas
El dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos o de sus parientes que tendrán que vivir sin un ojo o alguna extremidad son parte de la dinámica de terror que las organizaciones narcodelictivas intentan implantar de a poco en el país con atentados, como el de Cristo del Consuelo, en una suerte de guerra por territorios para el tráfico de drogas o como retaliación ante el decomiso de alcaloides, según la tesis oficial.
El Gobierno ha destacado la detención de sospechosos en torno a ese y otros casos, y la incautación de artefactos explosivos y armas, pero parece estar acorralado por el narcotráfico, comentan ciudadanos en conversaciones diarias donde se posiciona el tema de la inseguridad, de los atentados.
En ese combate, que ha incluido cuatro declaratorias de estados de excepción para movilizar a más policías y la salida a las calles de militares, el Ejecutivo tiene previsto sumar otros mecanismos, como la figura de la extradición, que se ha usado en Colombia y México para enviar a narcotraficantes a cárceles estadounidenses.
En junio pasado, el presidente Guillermo Lasso lo adelantó en un conversatorio con articulistas de EXPRESO: “La tenemos en papel ya para una eventual consulta popular concentrada en seguridad. La extradición es fundamental”.
El martes, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo a Ecuavisa que ese día tenía previsto entregarle a Lasso un banco de 30 preguntas elaborado entre varios funcionarios.
La situación apremia. En la detención de un sospechoso por el caso del Cristo del Consuelo, se reveló que había un plan para atentar con una bomba a una instalación policial. Hace unos días, un artefacto explosivo detonó en una casa del suburbio; el mes pasado, el objetivo fue un asadero de pollos en Pascuales; en mayo, en cambio, reventó un taxi cerca de una unidad policial de la Florida Norte.
El Ecuador cuenta con tratados de extradición con Bélgica, España y Estados Unidos, por ejemplo, pero estos son caducos, es decir, responden a contextos distintos con la actualidad, refiere Carlos Estarellas Velásquez, docente de Derecho Internacional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG).
“Con Estados Unidos hay un tratado suscrito el 28 de junio de 1872, y hay un tratado complementario de 1939. Los delitos deben estar expresamente señalados en el tratado. Lo ideal sería suscribir un nuevo tratado”, indica Estarellas, quien precisa que esa actualización del convenio depende de un cambio mayor en el marco jurídico del país, ya que el artículo 79 de la Constitución prohíbe la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. “Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador”.
El constitucionalista Vinicio Salazar explica que la propuesta de una eventual consulta popular sobre el tema de la extradición tiene que pasar al análisis de la Corte Constitucional, entidad que dará el visto bueno para que el Consejo Nacional Electoral convoque el referéndum: “La enmienda se puede hacer cuando no se modifica la estructura fundamental del Estado, cuando no afecta a derechos o no modifica el proceso para reformar la Constitución”. Agrega que la Asamblea y el pueblo también pueden impulsar ese tipo de enmiendas constitucionales.
Hoy, alumnos del Curso de Derecho Internacional, de la UCSG, expondrán la propuesta de modificar un artículo de la Ley de Extradición, como alternativa a la enmienda, “tomando el ejemplo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el año 2019 respecto del matrimonio igualitario, no es quizá indispensable modificar en esencia la Constitución”.
En América Latina, los casos más representativos de países que han usado el mecanismo de la extradición son Colombia y México. Jorge Luis Yarse, docente de Seguridad Nacional en el país cafetero, refiere que la extradición de personajes del crimen organizado a EE. UU., incluida en su país en los años 90, ha servido para disuadir y debilitar a carteles como el que operaba en Cali, cuyas cabezas terminaron en cárceles de Estados Unidos, pero que de lejos es la solución definitiva. “En algún punto y por un momento muy breve, debilitan las estructuras mientras estas se reorganizan, además, porque ellas empiezan a tener conflictos internos de poder, que se convierten en guerras”, indica.
Por ello, cree que se debe mirar esta alternativa como un complemento de reformas en otros ámbitos: “Un endurecimiento de las penas. Un sistema judicial que responda verdaderamente a la necesidad social, que verdaderamente logre la persecución y el castigo del delito. Y la eliminación de los fenómenos de corrupción asociados a los recintos de reclusión”.
