Expertos miran con recelo el traslado de presos a La Roca

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Expertos miran con recelo el traslado de presos a La Roca

La reacción de temor de los presos será “momentánea”. El incremento de la violencia es cuestión de tiempo. El SNAI considera que tomó precauciones

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El 6 de abril, un guía penitenciario fue víctima de un intento de asesinato en el edificio del SNAI.GUSTAVO GUAMAN / EXPRESO

La medición de fuerzas se mantiene. El Estado fue claro en enviar más mensajes de advertencia a las bandas delictivas domiciliadas en las cárceles del país.

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“Para que sepan que de aquí en adelante si van a cometer un acto, van a ser trasladados a estos sitios (La Roca) con un régimen disciplinario distinto y que se van a eliminar todas las prebendas a las que han estado acostumbrados”, enfatizó el ministro del Interior, Patricio Carrillo, en referencia al traslado de los supuestos cabecillas que organizaron la masacre en la prisión de Turi.

Ricardo Morales, experto carcelario y penalista, destaca la decisión tomada como una muestra de que las autoridades buscan tomar las riendas de la seguridad en el país, luego de tantos años del evidente descuido pero agrega que las medidas deben también deben ser preventivas, además de reactivas.  

“Una medida correcta pero incompleta, que debe hacerse de forma integral porque no solo debe ser a los cabecillas de los que protagonizan una masacre, sino a las cabecillas de todas las bandas en todo el país”.

Actualmente, La Roca solo cuenta con cinco convictos, cada uno en su respectiva celda, y la infraestructura de ese lugar está habilitada en un 50 %. Así lo confirmó una fuente del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) a Diario EXPRESO.

Recuperar la autoridad es sistemático, no es pasional, son medidas técnicas, estudiadas.   

Daniel Pontón, experto en seguridad.

Esta misma fuente responde a los cuestionamientos de Morales y señala que ejecutar el traslado de más cabecillas sin aparente razón alguna es una respuesta violenta por parte del Estado. “Eso genera un efecto más fuerte y violento, porque hay que entender que sí hay debilidades del Estado y hay que asumirlas, una de ellas es la misma ley, para poder garantizar la rehabilitación y convivencia entre privados de libertad”, expuso la fuente a este periódico.

Alfredo Narváez, integrante de la Comisión de Pacificación, señala que desde su punto de vista personal, sí hay que aplicar “mano firme” a quienes inciten, organicen o participen de una masacre, pero que el Estado también debe trabajar en mejorar las condiciones de las cárceles para eliminar la violencia y el abuso que vive la población penitenciaria que no pertenece a estas organizaciones y sufren de las extorsiones.

Informe. Para el 19 de abril, la Comisión de Pacificación presentará públicamente el documento elaborado durante sus primeros tres meses de gestión y lo encontrado en el sistema carcelario nacional. Expondrán los avances realizados y propuestas.

“Ese peligro desencadena miedo y el miedo, alteraciones permanentes que hacen que la convivencia sea muy tensa y llevar a estas personas a un régimen de 23 horas encerrados y una hora de patio sin la atención psicológica debida también es un riesgo”.

Daniel Pontón, experto en seguridad, sostiene que si bien es cierto que el Estado debe mantener su autoridad, considera que la decisión del traslado fue “abrupta por tratar de dar un golpe de efecto ante una situación grave”. Pontón reconoce que moverlos a una prisión de máxima seguridad es una buena carta bajo la manga, pero que debe ser usada con un plan de reubicación muy bien calculado.

Disculpas. Para el comisionado de Paz, Alfredo Narváez, es necesario “rescatar la memoria histórica”. El estado debe pedir disculpas a los familiares porque nadie merece morir en esas condiciones. “Debe reparar el alma de los familiares”.
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“Eso genera una reacción de temor al momento, pero recuerde que es un ecosistema que termina adaptándose a lo que aparezca y termina imponiendo su irracionalidad. Ahora hay que ser sinceros, no sabemos si La Roca cumpla con las garantías y las certificaciones externas que se piden”.

Por su lado, Morales y Pontón enfatizan que se debe potenciar la inteligencia policial y penitenciaria para que la violencia de las cárceles no continúe migrando a las calles.

En respuesta a ello, la fuente del SNAI sostiene que las bandas delictivas que están al interior de las cárceles “saben bien que el líder no se ha muerto” y que el “problema es cuando muere”, porque “ellos saben que está ahí, enclaustrado, pero está y el poder del líder no baja con un traslado”. Mientras que para Pontón, esto es una cuestión de tiempo.