Su sucesor en el ministerio de Educación, Fander Falconí, cuenta 916 casos y habla de negligencia. Este lunes, el Consejo de Administración Legislativa decide si llevarlo a juicio político en la Asamblea.

El exministro se dice inocente y culpa a sus subordinados

La siguiente es una edición muy apretada de un diálogo que duró una hora y media.

Agresivo e irrespetuoso: así recibió Augusto Espinosa a este Diario. Acusó al periodista de “linchador” y pretendió imponer su agenda en la entrevista, en lugar de responder a las preguntas que se le planteaban. Poco a poco fueron bajando las tensiones. La siguiente es una edición muy apretada de un diálogo que duró una hora y media.

- ¿Cuántos casos de abuso sexual hubo durante su período?

- Conocíamos el problema por los casos que se denunciaban en la Fiscalía. No se ocultaban, se denunciaban. Conociendo esas denuncias, iniciamos un proceso de fortalecimiento de un sistema integral de protección a los menores. Registramos 382 casos. Cuando salí, 44 por ciento de ellos fueron resueltos en la vía administrativa.

- Pero no fueron judicializados.

- Según los datos que han dado la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, alrededor de 1.600 casos por año se han denunciado en el sistema judicial. La ONU dice que el Ecuador ha avanzado muchísimo en la vía administrativa. El cuello de botella está en la Función Judicial.

- Pero usted, como ministro, ¿no debía ocuparse de ello?

- La responsabilidad, según los protocolos, corresponde a la autoridad de cada centro educativo y a la dirección distrital. Para eso creamos 140 direcciones administrativas con juntas de resoluciones de conflictos.

- La Mesa Interinstitucional que conformó el gobierno habla de negligencia durante su período. Fander Falconí habló de 916 casos, la mayoría no judicializados. Y resolvieron tomar las medidas que usted no había tomado. Aplicar exámenes sicométricos, por ejemplo.

- En 2013 establecí como obligatorio que se tomaran pruebas sicométricas.

- Fander Falconí dijo que había dado un plazo para que se empiecen a tomar.

- En el 2013 se estableció como obligatorio el tomar pruebas sicométricas a los docentes que ingresaban al magisterio. Se tomó esos exámenes a todos los que ganaban concursos. Fander Falconí dijo que se va a tomarlos a los docentes a quienes probablemente desde hace 30 años no se les tomaron.

- Según la Mesa, hace falta regularizar al 50 por ciento de directivos, que son provisionales.

- Siempre incorporamos directivos a través de concursos de méritos. El problema es más profundo: hay 500 partidas de directivos y se necesitan 5.500. En 2014 solicitamos a los ministerios de Trabajo y de Finanzas que se nos asignen cinco mil partidas. No se hizo y tampoco aparecen en la proforma 2018.

- Hay documentos que demuestran que hubo docentes de categoría G nombrados directivos. La ley exige categoría D.

- Muchos docentes no han sido recategorizados. Recategorizamos 15 mil maestros en los últimos tres años. Lo que dice la ley es que para el cargo de rector se debe cumplir con los requisitos de categoría D. No sé los casos específicos, pero pudieran cumplir con los requisitos. Habría que revisar. El director distrital y el coordinador zonal deben verificar eso.

-Dice la Mesa que no se cumplió con los protocolos, no hubo seguimiento de los casos, no fueron judicializados en su mayoría y las víctimas no fueron debidamente acompañadas. Y los docentes implicados siguen dentro del sistema. ¿Por qué?

- Contextualicemos: los casos son una mínima cuantía en relación al total. En los últimos casos que han sido motivo de alarma los docentes implicados no llegan a diez, y existen más de 200 mil en el sistema.

- Eso es obvio, pero no disminuye la gravedad del problema.

- Hay casos en los que efectivamente se cometieron negligencias. La única manera de determinar eso es si una autoridad le asignó responsabilidad a quien se acusa hoy de negligente. Los protocolos establecen responsabilidades claras.

- Entonces la negligencia no es suya sino de sus subordinados.

- ¿Cuántos subordinados tenía yo? Ciento ochenta mil en el sistema fiscal. El ministro no puede estar revisando todo lo que pasa en cada individuo, debe crear un sistema. En cada caso se sabe quién tiene que actuar y cómo. Hay que investigar cómo se cometió la negligencia.

- Pero usted conocía la dimensión del problema.

- No teníamos un sistema de información. Tampoco institucionalidad. Cuando asumí, no existían los departamentos de consejería estudiantil. En mi periodo se integraron cuatro mil consejeros estudiantiles. Se construyó institucionalidad para evitar que estas cosas queden impunes.

- ¿Y por qué están impunes?

- Si no tenemos un abogado en el sistema educativo, ¿cómo se judicializa? Si no tenemos un sistema de información, ¿cómo se conoce? Ahora es facilito porque ya está armado, se comenzó a alimentar en 2014.

- ¿Cuántos docentes se separaron del sistema por este problema? La mesa dice que la mayoría sigue dentro.

- La disposición fue que a la menor sospecha de abuso sexual se separe al docente del contacto con los estudiantes. Así ocurrió en los casos de La Condamine. Estoy recabando la información de cuántos docentes fueron separados.

- ¿Usted como ministro no lo supo? ¿Recién está recabando información ahora?

- No supe y estoy recabando esa información. Había una disposición muy clara.

- Precisamente se acusa a su Ministerio de no dar seguimiento a sus disposiciones.

- Los sistemas de información interinstitucionales no están operando. Unos datos da el ministro, otros la Fiscalía, otros el Consejo de la Judicatura... Armonizar esa información es fundamental. Es difícil dar una respuesta de cuántos casos terminaron con una separación del docente. A lo mejor en los 900 no pasó. Pero según la Fiscalía son cuatro mil casos. En tres mil casos sí pasó. En los 900 hay que definir responsabilidades.

- Su sistema de información empezó a funcionar en 2014. Esa tarea debió estar avanzada.

- Eso digo, 44 por ciento de 382 casos habían sido resueltos en la vía administrativa. Yo no he revisado cada caso. Yo revisaba la estadística general. Los casos los tiene que conocer primero el departamento de consejería estudiantil, la autoridad zonal, la autoridad distrital.

- Se relaciona este caso con la Red de Maestros. El gobierno acabó con la UNE del MPD para sustituirla por una UNE propia.

- Es perverso hacer esas asociaciones. Imaginemos que hay una afinidad política de la red con un gobierno. ¿Eso los convierte en violadores? Que demuestren un solo caso de un maestro de la Red que haya ingresado al sistema sin pasar los filtros establecidos para todos. Siempre dije: si la Red de Maestros asume las prácticas de la UNE está condenada a desaparecer.

- Pero nació para eso. Sus sedes sirvieron como centrales de campaña; sus dirigentes recibieron formación del Ministerio de la Política; sus integrantes eran llevados en buses a manifestaciones de apoyo al gobierno...

- Yo fui candidato por Alianza PAIS, auspiciado por los maestros ecuatorianos. Ningún miembro de la Red fue candidato. Y le puedo garantizar que nunca hice un evento de campaña en uno de sus locales.