Juicio. Abogados defensores en el caso Petroecuador conversan antes de que se inicie la diligencia judicial.

Exgerente de Petroecuador debe devolver $ 1,2 millones

Optó por la vía rápida. El exgerente de Petroecuador y actualmente detenido, Álex Bravo, va por su segunda sentencia por su participación en la red de corrupción existente en la estatal petrolera.

Optó por la vía rápida. El exgerente de Petroecuador y actualmente detenido, Álex Bravo, va por su segunda sentencia por su participación en la red de corrupción existente en la estatal petrolera.

Ayer, en un procedimiento abreviado, el exfuncionario del gobierno de Rafael Correa fue sentenciado por el delito de delincuencia organizada.

Recibió una pena de prisión de tres años y cuatro meses. Además, tendrá que pagar una multa de 4.500 dólares y 1’298.023 dólares “por reparación integral en favor de Petroecuador”.

Para acogerse a este sistema de juzgamiento, Bravo primero tuvo que admitir el delito.

Mediante videoconferencia, reconoció que hizo varias transferencias a las cuentas de las empresas en paraísos fiscales. En la lista están Kil Kenny Bahamas que pertenecería al exgerente de Petroecuador, Marco Calvopiña; Capaya, del exgerente y ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli y a Escart, de Arturo Escobar, excontratista de la estatal petrolera.

Con esta sentencia, Bravo acumuló la segunda pena. Anteriormente, fue condenado a cinco años de privación de la libertad por el delito de cohecho, junto a otros procesados.

Según la Fiscalía, Bravo cumplió el rol de colaborador al realizar transferencias desde la empresa Gilbra que sería de su propiedad. Desde ahí repartió más de 1’188.000 dólares a las empresas mencionadas.

La mayor beneficiaria sería la empresa Kil Kenny Bahamas con 400.000 dólares. Esto fue rechazado por el abogado de Calvopiña, Pablo Encalada. Él sostuvo que la Fiscalía no ha presentado una sola prueba de que su defendido tenga empresas en ningún paraíso fiscal. Dijo que el dinero que apareció “en el techo de una casa”, no era la vivienda de Calvopiña, sino de otro de los involucrados, sin señalar de quién se trataba.

Encalada pidió la nulidad del proceso contra Calvopiña y el juez deberá resolver. Hasta el cierre de esta edición la diligencia continuaba.