Excolaboradores correistas esperan fechas de audiencias

Al menos seis casos que se encontraban dormidos en la Corte Nacional de Justicia empiezan a despertar. El de Wálter Solís, exministro de Transporte y exsecretario del Agua, era uno de los que más tiempo llevaban esperando una audiencia de juicio.

La semana anterior se determinó una fecha para el juzgamiento de Solís y otros por presunto peculado, luego de casi un año del llamado a juicio.

La jueza Sylvia Sánchez fijó hace una semana el juicio para Solís, Jorge Maruri, Lorena Benalcázar, Cristóbal Macías, Marco Rodas y Jorge Bernal. Iniciará el 14 de octubre a las 09:00 y concluiría el 18 del mismo mes.

La acusación es que Solís habría autorizado el pago de particulares con recursos del Estado por más de dos millones de dólares en un litigio que tenía la francesa Ondeo Degremont con el ex Centro de Rehabilitación de Manabí (CRM), posteriormente Senagua.

El otro caso que recibió fecha para audiencia de juicio es el de la exasambleísta de PAIS Norma Vallejo, que desde mayo esperaba una fecha para ser juzgada por presunta concusión. Ella es acusada por sus excolaboradores por el supuesto cobro de contribuciones obligatorias.

El juicio iniciará el miércoles 25 de septiembre a las 09:00 y se desarrollará hasta el 27 de septiembre. Vallejo fue llamada a juicio en mayo pasado.

Esperan fecha de juicio por presunto peculado el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado y otros desde abril anterior. En octubre del año pasado evadió su grillete electrónico y huyó a Caracas, Venezuela.

En esa ciudad también se encuentra su hermano Vinicio Alvarado investigado en el caso ‘Sobornos 2012-2016’, por presunto cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita en concurrencia real de infracciones.

Sin duda el caso que más tiempo espera una audiencia de juicio es el ‘Vaca, Cajas, Jarrín’. En 2015 se iba a juzgar a exmilitares por presunta detención ilegal, tormentos corporales y asesinato. La última convocatoria para el juicio fue en abril. Xavier Mejía defiende a un coronel implicado. Señala que “es un proceso que va al vaivén de la política porque se nombra como delitos de lesa humanidad a actos que ocurrieron en un gobierno democrático (el de León Febres-Cordero) y no en una dictadura”.

En la lista de espera por una audiencia preparatoria de juicio se encuentra, en cambio, el caso de la exasambleísta Sofía Espín, acusada conjuntamente con Yadira Cadena, exabogada del expresidente Rafael Correa, por oferta de realizar tráfico de influencias.

Ambas fueron señaladas por acudir a la casa de confianza del sur de Quito y reunirse con Diana Falcón Querido, la sentenciada y testigo protegida del caso ‘Balda’. Según la denuncia, ellas le ofrecieron protección de la ONU y asilo en Bélgica a cambio de retractarse de su señalamiento de que Correa sí conocía de la operación para traer de Colombia al activista Fernando Balda.

Hay juicios paralizados

La ausencia de procesados ha obligado que los juzgamientos se paralicen.

Uno de los juicios en suspenso es el que debe instalarse en contra del expresidente Rafael Correa y del exsecretario de la Senain Pablo Romero Quezada.

Ellos están involucrados en el presunto secuestro del activista político Fernando Balda, ocurrido en Colombia.

Por ese caso ya fueron sentenciados los exagentes de Inteligencia de la Policía Raúl Chicaiza y Diana Falcón Querido, quienes ya cumplieron con las penas impuestas.

Ni a Correa ni a Romero se les puede juzgar en ausencia. Correa reside en Bélgica y Romero está en España. Deben ser capturados o entregarse, para su juzgamiento.

Otro caso que no se puede juzgar en ausencia es el del exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa, quien se encuentra en Bolivia.

El exfuncionario fue llamado a juicio en marzo pasado por presunta falsificación ideológica, delito que no permite juzgarlo en ausencia.