Eduardo Carmigniani | Un proyecto ahuyenta-inversiones
Crearía un innecesario espacio gubernamental adicional para aprobar las inversiones
El pasado 5 de febrero el asambleísta Alex Toapanta (Cotopaxi, Pachakutik) presentó un proyecto de ley con el vistoso nombre de “Protección de la Soberanía Nacional y Revisión de la Inversión Extranjera Directa”. Pretende que ciertas inversiones queden sujetas a autorización previa obligatoria, a cargo de un Comité Nacional de Revisión de Inversiones adscrito a la Presidencia de la República, que estaría integrado por cinco ministros (Relaciones Exteriores, Economía, Ambiente, Trabajo e Inteligencia). Agrega que las inversiones que se realicen sin aquella autorización previa sean “nulas”, “sin perjuicio de la imposición de medidas proporcionales, incluyendo desinversión, reestructuración o condicionamientos específicos”.
La propuesta de ley se aplicaría, según su texto, a toda inversión extranjera superior al 5 % del capital social, derechos de voto o beneficios económicos, de entidades que se dediquen al manejo de “tecnologías críticas o gestión de datos sensibles”, pero también de aquellas que gestionen “sectores estratégicos, infraestructura esencial o recursos naturales”, cuestiones ya sometidas a delegación expresa del Estado (concesión), en los casos excepcionales permitidos por ley. Solo esto debiera bastar para rechazar el proyecto, que crearía un innecesario espacio gubernamental adicional para aprobar las inversiones.
Pero lo peor es que el proyecto además plantea que el Estado pueda “revisar” inversiones ya autorizadas, “cuando surja nueva información que evidencie riesgos graves y sobrevenidos para la soberanía o seguridad nacional”. El bálsamo de que eso tendría que hacerse “respetando los derechos adquiridos de buena fe” resulta notoriamente inútil pues reitera una excepción que lo anula: “salvo amenaza grave al interés nacional”.
Que inversiones -por definición de largo plazo- puedan quedar sin efecto por decisión, no digamos del mismo sino de otro gobierno, difícilmente llegarán, pues el riesgo para la seguridad jurídica es innegable. Y si llegan vendrán preñadas de potenciales litigios. Pésima propuesta la del señor Toapanta.
