Lorena Grillo defiende al exsubsecretario Pablo Yánez. Ayer acudió a la Fiscalía a presentar un escrito solicitando protección para su cliente.

Un exaliado condiciona el caso Alvarado

Pablo Yánez tiene información. Quiere entregarla a la Fiscalía pero pide protección.

Un exfuncionario de la Secretaría de Comunicación (Secom) ofrece abrir la caja de Pandora. Pablo Yánez –exsubsecretario de Comunicación y que pudiera ser vinculado a la investigación por supuesto peculado en la institución– pidió entrar al Programa de Víctimas y Testigos a cambio de proporcionar datos sobre las actividades de la Secom, en el periodo dirigido por Fernando Alvarado.

Y no se trata de cualquier cosa. Según él, “la información que pretendo entregar (...) es altamente sensible y podría poner en riesgo mi integridad física, por la connotación legal y política que tiene este caso”, dice en el documento que ayer entregó a la Fiscalía, a las 09:18. Una copia del documento está en poder de EXPRESO.

La situación jurídica se complicó para Alvarado el 8 de agosto. Ese día, cerca de la medianoche, la fiscal Ruth Palacios le imputó cargos por su gestión entre el 1 de junio de 2013 y el 24 de mayo de 2017.

El origen del caso está en un informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal, sobre los Enlaces Ciudadanos. La entidad calcula un perjuicio al Estado por unos 259.240 dólares.

Según informe, en el contrato que la Secom hizo con Víctor Erique Sarango y en una consultoría con la empresa Sartre Comunicación Integral se pudieron haber cometido delitos. En el primer caso, se sospecha de una duplicidad de pagos pero, además, que el “servicio técnico especializado”, no se justificó ni se usó en los enlaces. Con Sartre no hubo una justificación técnica, ni certificación presupuestaria técnica y nadie sabe quién firmó el acta de entrega-recepción.

En septiembre de 2013, Alvarado, como cabeza de la Secom, firmó un acuerdo delegando tareas administrativas a su subsecretario nacional: Pablo Yánez. Y ahí empezaron los problemas para él.

En el transcurso de la investigación, la Fiscalía ha recibido las versiones y los descargos de varios exfuncionarios. Pero lo interesante, señala Lorena Grillo, defensora de Yánez, es que “al parecer en la Secom al señor Fernando Alvarado no le conocía nadie, nunca se reunía con nadie y no había ningún tipo de informe hacia él”. Según ella, el denominador común de las versiones es que “a Alvarado nadie le reportaba nada, él no daba ninguna directriz, ni ordenaba contrataciones”. La responsabilidad, así, recae en Yánez.

Ella asegura que su cliente “recibía órdenes de su superior, Fernando Alvarado, y ejecutaba el tema administrativo”. Más o menos, esa es la misma tesis que tuvo la Contraloría para implicarlo en el proceso: él era el responsable de todos los actos y contratos de la Secom a pesar del acuerdo de delegación.

Ahora Yánez, al parecer, decidió romper filas con sus excolegas y ofrece colaborar para adjudicar la responsabilidad a quien le corresponde. Por eso acudió a la Fiscalía a pedir protección. Dispone, dijo su abogada, de grabaciones, chats, correos y otros documentos con las disposiciones de Alvarado.

EXPRESO se comunicó con el exsecretario pero respondió que “sobre los procesos que se están llevando a cabo (...) no he hecho ningún comentario público, solo hemos tenido una relación con las autoridades respectivas”.

Lo cierto es que la investigación por presunto peculado alcanza, al menos, a nueve exfuncionarios de la Secom. La Fiscalía pidió al SRI, por ejemplo, el reporte de sus operaciones y transacciones económicas.

Instrucción fiscal

Elementos

Al formular cargos la Fiscalía contó también de una presunta relación familiar en los contratos de la Secom. Gota Azul, de Carlos Bravo Segovia, se benefició de recursos públicos mientras Marco Antonio Bravo Segovia era subsecretario de Medios. Ellos son hermanos. La Fiscalía dice que esa contratación fue ilegal.

Medidas

Desde el 24 de agosto, Fernando Alvarado se presenta cada 15 días en la Corte de Guayas. La disposición es parte de las medidas cautelares dictadas en contra del exfuncionario que incluyen también la prohibición de salir del país y la obligación de utilizar el grillete electrónico.